Consulta Pública Previa sobre el proyecto de Decreto por el que se regula el Patrimonio Público de Suelo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Organismo: Consejería de Fomento - Estado: Cerrado

La buena práctica administrativa y los principios de accesibilidad, transparencia y participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, aconsejan, a través de este Portal de Participación, sustanciar consulta pública con carácter previo a la elaboración de anteproyectos y proyectos de ley y reglamentos, dando asimismo aplicación al Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 28 de febrero de 2017, por el que se adoptan medidas para habilitar la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa.

Enlace permanente: https://participacion.castillalamancha.es/node/1215

Fase de Inicio

 A través de este espacio se pretende:

-Que la ciudadanía tenga conocimiento de los procesos de elaboración de normas que se están llevando a cabo por los distintos órganos gestores de la Administración regional y posibilitar su participación.

-Ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de realizar sus aportaciones mediante un cuestionario de respuesta abierta.

-Determinar de forma clara los requerimientos para hacer efectiva la participación para que de una forma homogénea se recoja toda la información al respecto.

-Impulsar canales de participación que permitan interactuar y facilitar el diálogo entre la Administración y la ciudadanía.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, declara en su exposición de motivos que uno de sus objetivos es incrementar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas. En concreto el artículo 133 regula la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, señalando respecto a la consulta pública previa una serie de pautas a seguir:

  1. Cuando: Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento

  2. Como: A través del portal web de la Administración competente se recabarán las aportaciones ciudadanas.

  3. Quienes: Aportaciones de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

  • Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
  • La necesidad y oportunidad de su aprobación.
  • Los objetivos de la norma.
  • Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

En este sentido, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, mediante Acuerdo de 28 de febrero de 2017, adoptó medidas para habilitar la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa.

Fase de Participación

Antecedentes de la norma:

La Consejería de Fomento es el órgano de la Administración autonómica de Castilla-La Mancha al que le compete promover y ejecutar la política del Gobierno regional, entre otros, en materia de vivienda, suelo y urbanismo. Para la ejecución de estas políticas, la Consejería de Fomento gestiona un patrimonio que se compone de diferentes bienes tales como viviendas, locales comerciales, edificaciones, así como suelo, todos ellos con el denominador común de su vinculación a las políticas de vivienda, urbanismo y planificación territorial.

La Ley 9/2020, de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en su disposición adicional primera, apartado primero, habilita expresamente al Consejo de Gobierno para establecer, a propuesta de la Consejería competente en materia de vivienda, urbanismo y planificación territorial, las normas reguladoras de las competencias y especialidades relativas a la adquisición, protección, defensa, gestión, administración, utilización, aprovechamiento, explotación y enajenación del patrimonio destinado a la ejecución de políticas de vivienda, urbanismo y planificación territorial.

Por su parte, el Decreto 22/1986 de 1 de abril por el que se regulan las competencias y facultades de la Consejería de Política Territorial respecto del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha en materia de urbanismo y vivienda, dictado al amparo de la disposición adicional primera de la ya derogada Ley 6/1985, de 13 de noviembre, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, efectúa una regulación conjunta de los diferentes bienes integrantes del patrimonio separado (viviendas, locales y suelo).

No obstante, las especificidades y características de cada uno de estos bienes, recomiendan, para una gestión más eficaz de los mismos, su regulación de manera separada.

En este sentido, y por lo que respecta al suelo, cabe poner de manifiesto el importante papel que, en cuanto a su regulación, juega la normativa urbanística. Así, el artículo 77 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, en su letra a) configura el patrimonio separado al que alude el apartado primero de la disposición adicional primera de la Ley 9/2020, de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, dentro de los diferentes bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo.

Asimismo, y junto al citado patrimonio separado forman parte de los patrimonios públicos de suelo:

  • Los terrenos y construcciones obtenidos en virtud de las cesiones correspondientes a la participación de la administración en el aprovechamiento urbanístico y los adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de tales cesiones con pagos en dinero.
  • Los derechos de aprovechamiento urbanístico, los terrenos y construcciones adquiridos, en virtud de cualquier título y, en especial, mediante expropiación, por la administración titular con el fin de su incorporación al correspondiente patrimonio de suelo y, en todo caso, los que lo sean como consecuencia del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto previstos en esta ley.
  • El canon de participación pública en el suelo rústico, así como las cuantías que puedan obtenerse en sustitución de las labores de replantación conforme al artículo 64 de esta ley.
  • Los recursos obtenidos por cada administración derivados de infracciones urbanísticas y en sustitución de su participación en el aprovechamiento urbanístico o de las cesiones obligatorias en los casos y con los destinos legalmente previstos.

Por su parte, el artículo 76 TrLOTAU, regula la obligación de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de constituir su patrimonio público de suelo con la finalidad de crear reservas para actuaciones públicas y de facilitar el planeamiento territorial y urbanístico y su ejecución en el marco de sus correspondientes competencias, constituyendo este patrimonio el medio principal para el desarrollo del servicio público de intervención en el mercado de suelo y de la política de vivienda.

 

Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma:

Los principales problemas a los que se trata de dar respuesta con la norma son los siguientes:

  • Adecuar la regulación del patrimonio de gestión separada y el ejercicio de competencias relativas al mismo al marco normativo actualmente vigente haciendo uso de la habilitación normativa establecida en la disposición adicional primera, apartado primero, de la Ley 9/2020, de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
  • Dotar de una regulación actualizada al suelo adscrito a la Consejería que redunde en una más eficaz gestión del mismo abordando dicha regulación desde una perspectiva conjunta urbanística y patrimonial.
  • Proceder a la constitución formal del patrimonio público de suelo autonómico.

 

Necesidad y oportunidad de su aprobación:

Transcurridos 35 años desde la aprobación del Decreto 22/1986, de 1 de abril, el mismo plantea problemas en su aplicación, dadas las modificaciones legislativas que, tanto a nivel patrimonial como urbanístico se han ido produciendo haciéndose más evidente la necesidad de dotar de nueva regulación a dicho patrimonio con motivo de la reciente derogación de la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, al amparo del cual se dictó.

Asimismo, y desde el punto de vista urbanístico, resulta necesario dar cumplimiento a la obligación legal de constitución del patrimonio público de suelo autonómico como mecanismo de intervención en el mercado de suelo y de la política de vivienda así como de promoción de aquellas actuaciones que contribuyan el desarrollo y la lucha contra la despoblación en pequeños municipios de carácter rural de nuestra Región.

Objetivos de la norma:

Los principales objetivos que plantea la norma son:

  • Regulación de las especialidades del régimen de administración, disposición y protección del patrimonio destinado a políticas de planificación territorial y urbanismo acorde a dicho fin.
  • Determinación de las especialidades competenciales.
  • Constitución del patrimonio público de suelo autonómico como un patrimonio separado y circular.
  • Establecimiento de mecanismos para una eficaz gestión de los recursos obtenidos con la enajenación de los bienes integrantes de estos patrimonios.
Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias:

La opción no regulatoria, no es una opción a valorar habida cuenta que los problemas descritos exigen una inmediata intervención por la Administración autonómica.

Las razones expuestas y los fines perseguidos que se han descrito justifican la necesidad de aprobación del Decreto, que se considera el instrumento más eficaz para su consecución, una vez comprobado que los instrumentos jurídicos existentes en la actualidad no dan respuesta adecuada a la problemática puesta de manifiesto en relación al patrimonio de gestión separada.

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Fase de Retorno

En la Fase Retorno ponemos fin a la Consulta Pública Previa. En esta fase exponemos un Informe con los resultados de la Consulta, referido al número de participantes, resumen de las opiniones emitidas y aportaciones realizadas.

 

Documentos de consulta