La buena práctica administrativa y los principios de accesibilidad, transparencia y participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, aconsejan, a través de este Portal de Participación, sustanciar consulta pública con carácter previo a la elaboración de anteproyectos y proyectos de ley y reglamentos, dando asimismo aplicación al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de febrero de 2022, por el que se dictan instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa.
Fase de Inicio
A través de este espacio se pretende:
-Que la ciudadanía tenga conocimiento de los procesos de elaboración de normas que se están llevando a cabo por los distintos órganos gestores de la Administración regional y posibilitar su participación.
-Ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de realizar sus aportaciones mediante un cuestionario de respuesta abierta.
-Determinar de forma clara los requerimientos para hacer efectiva la participación para que de una forma homogénea se recoja toda la información al respecto.
-Impulsar canales de participación que permitan interactuar y facilitar el diálogo entre la Administración y la ciudadanía.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, declara en su exposición de motivos que uno de sus objetivos es incrementar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas. En concreto el artículo 133 regula la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, señalando respecto a la consulta pública previa una serie de pautas a seguir:
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Cuando: Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento
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Como: A través del portal web de la Administración competente se recabarán las aportaciones ciudadanas.
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Quienes: Aportaciones de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
- La necesidad y oportunidad de su aprobación.
- Los objetivos de la norma.
- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
En este sentido, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, mediante Acuerdo de 1 de febrero de 2022, adoptó instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa.
Fase de Participación
Antecedentes de la norma:La norma que se propone, se fundamenta en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, como norma básica estatal.
En el ámbito autonómico, la reorganización administrativa en materia de contratación pública se llevó a cabo mediante la Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, cuyo desarrollo se materializó en el Decreto 74/2018, de 23 de octubre de regulación de la Oficina de Contratación de la Junta de Comunidades y del sistema de contratación centralizada.
Esta nueva norma trata de corregir la ausencia de desarrollo de las competencias que en materia de contratación corresponden a esta Comunidad autónoma, limitando su capacidad para adaptar el régimen contractual a las particularidades organizativas, económicas y sociales del ámbito autonómico y para ejercer una gobernanza eficaz en esta materia.
Asimismo, la dispersión de medidas relativas a la contratación estratégica a través de diversas normas regionales reguladoras de ámbitos distintos al contractual, y la inseguridad jurídica que ello genera. La centralización de todas estas medidas en una norma específica, como es este decreto, permite su mejor conocimiento y aplicación por parte de nuestros órganos de contratación, impulsando la transformación social, económica, medioambiental y la innovación en Castilla-La Mancha, con la introducción de cláusulas de este tipo en nuestros contratos.
Por otro lado, el actual diseño del sistema de contratación centralizada presenta limitaciones para atender de manera eficaz y coordinada las necesidades comunes de los distintos órganos de contratación autonómicos, lo que compromete la eficiencia, homogeneidad y racionalización del gasto público en los procesos de adquisición.
Finalmente, la carencia de un propio tribunal de recursos contractuales, al encomendarse su resolución al TACRC, priva a nuestra comunidad autónoma de la necesaria especialización en el ámbito contractual, al no aprovechar nuestros propios recursos, materiales y humanos, perdiendo experiencia y conocimiento en esta materia. Asimismo, la creación de un órgano de resolución propio implica el acercamiento de esta institución a los órganos de contratación y a las licitadoras castellano-manchegas, reforzando la transparencia, la seguridad jurídica y, sobre todo, la confianza de la ciudadanía en la buena administración y gestión de los procedimientos de contratación.
El Decreto pretende unificar y agrupar todos los aspectos relativos a la contratación pública de la región en un único texto legal que simplifique su aplicación a operadores y gestores, y facilite la participación de las PYMEs en la contratación pública regional.
Con la aprobación del Decreto se prevé la creación de un Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales en Castilla-La Mancha, que conlleve una resolución más ágil y cercana a los órganos de contratación y a las licitadoras de la región, así como la mejora en la eficiencia del sistema de contratación pública en el ámbito autonómico.
- Situar a la región de Castilla-La Mancha a la vanguardia de una contratación pública moderna, eficiente, transparente y comprometida con el interés general.
- Reforzar el papel de la contratación estratégica como instrumento para impulsar un desarrollo regional más justo, inclusivo y resiliente.
- Hacer de la contratación regional una contratación responsable y de calidad, introduciendo medidas orientadas a la contratación pública verde y socialmente responsable, la reserva de contratos.
- Acercar la contratación a la ciudadanía, introduciendo medidas de simplificación en los procedimientos de contratación, y facilitando la participación de las pequeñas y medianas empresas en nuestros contratos.
- Optimizar los procesos administrativos, reducir los tiempos de tramitación y garantizar un mayor control y trazabilidad de las actuaciones, mediante la implantación de la contratación electrónica en todas las fases y en todos los trámites del proceso, la creación de nuestra propia plataforma de contratación y la utilización de un moderno gestor de expedientes de contratación.
- Regular la profesionalización de los empleados del sector público que realicen o participen en alguna tarea relacionada con la contratación pública.
- Crear el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla-La Mancha, con competencia para la resolución de los recursos en su ámbito territorial de aplicación.
El Decreto se postula como el instrumento jurídico idóneo para dotar a la legislación autonómica de una norma complementaria de la legislación básica estatal, que regule las particularidades materiales y organizativas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia contractual, no existiendo otras soluciones alternativas, regulatorias o no regulatorias.
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