Consulta Pública Previa sobre el Anteproyecto de Ley de Accesibilidad de Castilla-La Mancha

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, ratificada por España el 3 de mayo de 2008, en su artículo 26, produjo un cambio en el tratamiento jurídico de la discapacidad, enfocándose como una cuestión de ejercicio de los derechos humanos y establece que los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. Además, a lo largo de la vida, pueden aparecer condiciones que, por diferentes motivos pueden afectar a las capacidades de las personas y hacer que se manifiesten distintas necesidades, pero en ningún caso estas circunstancias pueden perjudicar la igualdad y la dignidad de las personas.

La Constitución en el artículo 9.2 establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Por su parte, el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, en el artículo 22, dispone que el derecho a la vida independiente conlleva la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los medios de comunicación social y en otros servicios e instalaciones al público o de uso público.

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en su artículo 31.1.20ª atribuye competencias exclusivas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de asistencia social y servicios sociales; promoción y ayuda a menores, jóvenes, tercera edad, emigrantes, personas con discapacidad y demás grupos sociales necesitados de especial atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación.

En el ejercicio de estas competencias estatutarias se aprobaron la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla-La Mancha y la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha.

La Ley 1/1994, de 24 de mayo, tuvo por objeto garantizar en proyectos futuros la accesibilidad y la utilización del entorno urbano, de edificios, medios de transporte y sistemas de comunicación sensorial, a las personas con movilidad reducida o que padezcan temporal o permanentemente alguna limitación, así como la eliminación progresiva de las barreras que existan.

Por su parte, la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, en su artículo 4.g), establece como uno de los principios que la informan, la accesibilidad universal que posibilite la inclusión y participación plena en la comunidad. Conteniendo preceptos sobre el acceso al entorno urbano, la vivienda, los bienes y servicios, el transporte, la comunicación sensorial y las tecnologías y la sociedad de la información. Además, Ley 7/2014 en su disposición final quinta dirige al Consejo de Gobierno el mandato para que proceda a la revisión de la legislación autonómica vigente en materia de accesibilidad y eliminación de barreras.

Por ello se procedió a la elaboración en el año 2019 del Plan Director de la Promoción de la Accesibilidad Universal de Castilla- La Mancha, que proporcionó el diagnóstico del estado de la accesibilidad en la Región y definió las estrategias necesarias para introducir parámetros de accesibilidad universal en todas las políticas públicas, servicios y recursos de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha. El Plan se estructura en 14 Ejes. En el EJE 2-Normativa, fija como objetivo específico revisar, actualizar y/o redactar normativa autonómica de accesibilidad universal para su adecuación a la legislación europea y estatal promulgada, estableciendo como LÍNEA ESTRATÉGICA 1 la redacción de una nueva ley de accesibilidad, así como su normativa de desarrollo.

Con la futura Ley se pretende impulsar la Accesibilidad Universal en todas las actividades y servicios implicando a las Administraciones Públicas y al resto de instituciones y agentes responsables de la mejora de la accesibilidad, fomentando la percepción por toda la ciudadanía de que la accesibilidad universal nos beneficia a todos.

La aprobación de esta Ley es necesaria para actualizar la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta la normativa estatal aprobada con posterioridad, principalmente los nuevos planteamientos y contenidos establecidos en el RDL 1/2013.

Esta futura Ley tiene como objetivo la promoción de la Accesibilidad Universal, entendida como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

No existen soluciones alternativas a la elaboración de esta Ley, haciéndose necesaria esta iniciativa legislativa en materia de Accesibilidad.