La buena práctica administrativa y los principios de accesibilidad, transparencia y participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, aconsejan, a través de este Portal de Participación, sustanciar consulta pública con carácter previo a la elaboración de anteproyectos y proyectos de ley y reglamentos, dando asimismo aplicación al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de febrero de 2022, por el que se dictan instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa.
Fase de Inicio
A través de este espacio se pretende:
-Que la ciudadanía tenga conocimiento de los procesos de elaboración de normas que se están llevando a cabo por los distintos órganos gestores de la Administración regional y posibilitar su participación.
-Ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de realizar sus aportaciones mediante un cuestionario de respuesta abierta.
-Determinar de forma clara los requerimientos para hacer efectiva la participación para que de una forma homogénea se recoja toda la información al respecto.
-Impulsar canales de participación que permitan interactuar y facilitar el diálogo entre la Administración y la ciudadanía.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, declara en su exposición de motivos que uno de sus objetivos es incrementar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas. En concreto el artículo 133 regula la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, señalando respecto a la consulta pública previa una serie de pautas a seguir:
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Cuando: Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento
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Como: A través del portal web de la Administración competente se recabarán las aportaciones ciudadanas.
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Quienes: Aportaciones de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
- La necesidad y oportunidad de su aprobación.
- Los objetivos de la norma.
- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
En este sentido, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, mediante Acuerdo de 1 de febrero de 2022, adoptó instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa.
Fase de Participación
Antecedentes de la norma:Desde la Consejería de Fomento se quiere iniciar el procedimiento para elaborar una norma con rango reglamentario que regule los servicios de autotaxi para el transporte público de personas en vehículos de turismo en la región.
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tiene competencias exclusivas en materia de transportes terrestres que transcurran íntegramente por el territorio de la región conforme al artículo 31.1. 4ª de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. En ejercicio de esta competencia, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobó la Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha, que dedica su Título IV al servicio de autotaxi.
En desarrollo del citato Título se aprobó el Decreto 12/2018, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Personas en Vehículos de Turismo, que ahora se pretende sustituir por otra norma que contribuya a dar más flexibilidad al servicio de autotaxi, y contribuya a dar más seguridad jurídica al sector.
El Decreto 12/2018, de 13 de marzo, que actualmente regula los servicios de transporte público de personas en vehículos de turismo, ha evidenciado diversas limitaciones y desajustes frente a la realidad actual del sector del autotaxi en Castilla‑La Mancha. Entre los principales problemas identificados destacan:
- Rigidez normativa en materia de transmisión de licencias, visado, requisitos de antigüedad de vehículos y número de conductores por licencia.
- Desajuste entre oferta y demanda en determinados municipios, especialmente en contextos de despoblación o picos estacionales.
- Necesidad de actualizar la regulación para adaptarla a los nuevos hábitos de movilidad de la ciudadanía y a la evolución del mercado del transporte.
- Insuficiencia del marco vigente para abordar situaciones complejas como licencias temporales, ampliación de licencias disponibles por persona, o supuestos de incremento excepcional de la demanda.
- Falta de cobertura uniforme para servicios especializados, servicios accesibles y mecanismos de interacción supramunicipal (Áreas Territoriales de Prestación Conjunta).
Estos problemas hacen necesario un reglamento actualizado, más flexible y adaptado a la realidad sociológica, territorial y económica de Castilla‑La Mancha.
La propuesta normativa resulta necesaria y oportuna por varias razones:
- La normativa vigente no responde adecuadamente a las nuevas necesidades del sector del taxi ni a la movilidad actual de la ciudadanía.
- Es imprescindible actualizar el marco reglamentario para garantizar un servicio público de calidad, seguro, accesible y económicamente sostenible.
- La realidad territorial de Castilla‑La Mancha, con municipios dispersos y necesidades de movilidad diversas, exige instrumentos normativos más flexibles, especialmente en materia de servicios interurbanos, vehículos adaptados y contratación previa.
- Se considera oportuno integrar en un único reglamento toda la regulación del transporte público discrecional en vehículos de turismo, desarrollando el Título IV de la Ley 14/2005, de 29 de diciembre, y sustituyendo completamente el Decreto 12/2018, de 13 de marzo.
- La medida se alinea con los principios de buena regulación del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, eficiencia y transparencia).
- La futura norma persigue los siguientes objetivos:
- Actualizar y modernizar el régimen aplicable a los servicios de autotaxi en Castilla‑La Mancha.
- Aumentar la flexibilidad operativa del sector, permitiendo una adaptación más ágil a cambios en la demanda y a la evolución tecnológica.
- Mejorar la calidad del servicio, reforzando los derechos de las personas usuarias y estableciendo un estatuto claro de obligaciones para profesionales y titulares de licencias.
- Garantizar la accesibilidad universal, regulando de manera precisa los vehículos adaptados y su régimen de prestación.
- Refinar los mecanismos de otorgamiento, visado, suspensión, transmisión y revocación de licencias, asegurando seguridad jurídica.
- Regular adecuadamente los servicios interurbanos y las Áreas Territoriales de Prestación Conjunta, proporcionando coherencia supramunicipal.
- Incorporar nuevas figuras tarifarias y formas de prestación, como el precio máximo, la contratación por plaza en zonas de baja densidad u otros servicios especializados.
- Homogeneizar y clarificar competencias entre Junta y ayuntamientos en licencias, autorizaciones, inspección y potestad sancionadora.
Se han considerado, entre otras, las siguientes posibles alternativas:
- Mantener el marco vigente y resolver los problemas mediante instrucciones, circulares o mejoras de gestión.
Descartado, por insuficiente y por la necesidad de seguridad jurídica.
- Modificar parcialmente el Decreto 12/2018, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Personas en Vehículos de Turismo.
Descartado, porque los cambios necesarios son amplios, estructurales y afectan a todo el régimen jurídico del autotaxi.
- Adoptar medidas de autorregulación del sector.
Descartado, ya que las materias reguladas afectan a servicios públicos esenciales, licencias administrativas y derechos de las personas usuarias, lo que requiere regulación reglamentaria.
- Aprobar un nuevo reglamento que sustituya íntegramente al vigente, integrando en un único texto todas las novedades necesarias.
Solución elegida, por ser la más eficaz, coherente y ajustada al mandato legal de desarrollo reglamentario de la Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de ordenación del transporte de personas por carretera en Castilla-La Mancha.
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