La buena práctica administrativa y los principios de accesibilidad, transparencia y participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, aconsejan, a través de este Portal de Participación, sustanciar consulta pública con carácter previo a la elaboración de anteproyectos y proyectos de ley y reglamentos, dando asimismo aplicación al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de febrero de 2022, por el que se dictan instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa.
Fase de Inicio
A través de este espacio se pretende:
-Que la ciudadanía tenga conocimiento de los procesos de elaboración de normas que se están llevando a cabo por los distintos órganos gestores de la Administración regional y posibilitar su participación.
-Ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de realizar sus aportaciones mediante un cuestionario de respuesta abierta.
-Determinar de forma clara los requerimientos para hacer efectiva la participación para que de una forma homogénea se recoja toda la información al respecto.
-Impulsar canales de participación que permitan interactuar y facilitar el diálogo entre la Administración y la ciudadanía.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, declara en su exposición de motivos que uno de sus objetivos es incrementar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas. En concreto el artículo 133 regula la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, señalando respecto a la consulta pública previa una serie de pautas a seguir:
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Cuando: Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento
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Como: A través del portal web de la Administración competente se recabarán las aportaciones ciudadanas.
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Quienes: Aportaciones de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
- La necesidad y oportunidad de su aprobación.
- Los objetivos de la norma.
- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
En este sentido, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, mediante Acuerdo de 1 de febrero de 2022, adoptó instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa.
Fase de Participación
Antecedentes de la norma:No existe legislación autonómica precedente.
La aprobación de una ley regional de universidades para Castilla-La Mancha podría resolver varios problemas clave. En primer lugar, permitiría adaptar los programas universitarios, tanto en formación, investigación como transferencia, a las necesidades regionales, mejorando la conexión entre las universidades y el mercado laboral regional.
Asimismo, fomentaría la autonomía universitaria, permitiendo una gestión más flexible y eficiente en base a la rendición de cuentas y a modelos plurianuales de financiación. Se abordaría el acceso y la equidad educativa mediante diversas acciones, promoviendo una educación superior más inclusiva. Además, impulsaría la retención de talento al crear oportunidades laborales locales y favorecer la modernización de infraestructuras universitarias.
La internacionalización y colaboración con universidades extranjeras serían incentivadas, aumentando la competitividad de las instituciones regionales. Finalmente, la ley abordaría, en su caso, políticas de sostenibilidad y compromiso social, promoviendo universidades más alineadas con los desafíos ambientales y sociales.
En conjunto, esta ley fortalecería el sistema universitario regional, mejorando su calidad, eficiencia y contribución al desarrollo social y económico de Castilla-La Mancha.
La aprobación de esta ley es necesaria para impulsar la acción de la universidad en la región, así como para crear una normativa autonómica sobre esta materia, adecuando los preceptos de la Ley Orgánica 22/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario a la idiosincrasia regional.
Aunque podrían ser numerosos, al amparo de la nueva normativa orgánica estatal, destacan tres objetivos a alcanzar:
Ampliar y fortalecer la educación superior universitaria en la región.
Fortalecer la investigación universitaria como factor de crecimiento y progreso de la región.
Mejorar los procesos de trasferencia de conocimiento entre universidad, empresas y otros organismos.
No existen soluciones alternativas a la elaboración de esta ley, ya que se trataría de la primera vez que se contase con una legislación autonómica propia para la gestión de las universidades en Castilla-La Mancha.
Puedes participar y hacernos llegar tus opiniones cumplimentando el siguiente FORMULARIO
