La buena práctica administrativa y los principios de accesibilidad, transparencia y participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, aconsejan, a través de este Portal de Participación, sustanciar consulta pública con carácter previo a la elaboración de anteproyectos y proyectos de ley y reglamentos, dando asimismo aplicación al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de febrero de 2022, por el que se dictan instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa.
Fase de Inicio
A través de este espacio se pretende:
-Que la ciudadanía tenga conocimiento de los procesos de elaboración de normas que se están llevando a cabo por los distintos órganos gestores de la Administración regional y posibilitar su participación.
-Ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de realizar sus aportaciones mediante un cuestionario de respuesta abierta.
-Determinar de forma clara los requerimientos para hacer efectiva la participación para que de una forma homogénea se recoja toda la información al respecto.
-Impulsar canales de participación que permitan interactuar y facilitar el diálogo entre la Administración y la ciudadanía.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, declara en su exposición de motivos que uno de sus objetivos es incrementar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas. En concreto el artículo 133 regula la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, señalando respecto a la consulta pública previa una serie de pautas a seguir:
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Cuando: Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento
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Como: A través del portal web de la Administración competente se recabarán las aportaciones ciudadanas.
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Quienes: Aportaciones de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
- La necesidad y oportunidad de su aprobación.
- Los objetivos de la norma.
- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
En este sentido, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, mediante Acuerdo de 1 de febrero de 2022, adoptó instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa.
Fase de Participación
Antecedentes de la norma:En 2015 Europa aprueba su Plan de Acción de Economía Circular “Cerrando el Círculo” que provoca los informes de 2017 donde se contempla el plan de trabajo para alcanzar los objetivos, las ayudas de 2018 para poder llevar a cabo la planificación y el informe de 2019 donde se plasman los resultados de la aplicación del plan.
En 2020 la Comisión europea aprueba un nuevo plan de acción, uno de los principales componentes del Pacto Verde Europeo, que pretende conseguir una economía europea verde y competitiva. Meses después, España aprueba su estrategia de Economía Circular “España Circular 2030” y un año después, en 2021, aprueba su Plan de acción de Economía Circular 2021-2023. El pasado octubre finalizó el periodo de exposición pública del Segundo Plan de acción de Economía Circular 2024-2026 de España.
En este escenario, Castilla-La Mancha se posicionó en puestos muy adelantados, siendo la primera comunidad autónoma en contar con una ley de economía circular al publicar, a finales de 2019, la Ley 7/2019 de Economía Circular. Pero, para su desarrollo, la ley requería un marco de actuación, siendo necesario la elaboración de la Estrategia.
Los ámbitos afectados por la economía circular son tan variados (agua, energía, industria, economía, hacienda, comercio, consumo, educación, suelo y ordenación del territorio) que se crea una comisión de coordinación y colaboración para implicar y coordinar a los diferentes estamentos encargados y se realiza un diagnóstico inicial para conocer la situación de partida en la región.
En este diagnóstico inicial y debido a la extensión y heterogeneidad de la región, se dividió el territorio en 17 nodos que fueron analizados, con una matriz DAFO, en los sectores que se consideraron de interés para la medición de la circularidad en Castilla-La Mancha (Administración, Ciudadanía, Territorio e Infraestructuras, Medioambiente, Educación, Turismo, Economía e Industria, Innovación, Emprendimiento y Tecnología Empresarial) para, posteriormente y a nivel provincial, analizar los sectores: Territorio e Infraestructuras, Medioambiente, Economía e Industria y Turismo.
Este diagnóstico concluyó en una serie de principios generales y objetivos a alcanzar identificando, a su vez, cuatro sectores estratégicos y potenciales para el desarrollo de la economía circular en la región. Estos cuatro sectores son: Agroalimentario, Construcción y Demolición, Industrial y Turismo.
Con todo ello, en 2021 se aprobó (Decreto 17/2021, de 2 de marzo) la Estrategia de Economía Circular en Castilla-La Mancha 2030 que estableció su planificación en el plan de acción de economía circular de Castilla-La Mancha 2021-2025 aprobado días después.
Con la nueva norma se pretende dar continuidad a las acciones a llevar a cabo para implementar la economía circular en la región continuando el primer plan y completando sus acciones y actuaciones en el segundo periodo establecido por la Estrategia.
La necesidad no es otra que aprobar el II Plan de acción de economía circular de Castilla-La Mancha ya que el primero llega a su fin de aplicación, con el fin de establecer un marco normativo que ejerza y promueva la realización de las actuaciones necesarias por los distintos organismos implicados en alcanzar la circularidad de la Región.
Con esta norma se pretenden un conjunto de actuaciones que, entre todos los actores implicados, se lleven a cabo para alcanzar los objetivos perseguidos en la Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha teniendo en cuenta que el la estrategia establece dos planes de acción en el total de su vigencia, para materializar y alcanzar los objetivos perseguidos en la misma y que obedecen a las necesidades establecidas por Europa y España para alcanzar una región circular.
No se consideran alternativas regulatorias de inferior rango puesto que el primer plan no se estableció con rango de orden y algunas entidades no han cumplido ni ejecutado lo establecido en el mismo. En cuanto a un nivel superior, no se considera necesario puesto que lo que se persigue es ordenar y establecer las obligaciones de cada agente impulsor y con la orden, más ágil en su tramitación, se puede conseguir puesto que se presupone intencionalidad.
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