Consulta pública sobre el proyecto de decreto por el que se promueve el consumo circular de los productos y el aprovechamiento eficiente de los recursos a través de la extensión de su vida útil

La ley 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla- La Mancha contempla en su artículo quinto, apartados 1, 2, 4 y 8 los siguientes nuevos derechos de las personas consumidoras:

1. Derecho a la soberanía de la persona consumidora para la toma de decisiones de compra de forma libre y consciente.

2. Derecho a un medio ambiente saludable que promueva las condiciones necesarias para ejercer un consumo responsable que fomente el desarrollo sostenible.

4. Derecho a la garantía de funcionalidad con arreglo al ciclo de vida útil esperado de todo producto, bien o servicio puesto a disposición en el mercado, de acuerdo con su desarrollo reglamentario.

8. Derecho de acceso a productos y bienes obtenidos y distribuidos según modelos de producción y consumo éticos y sostenibles, participando de forma activa en los procesos circulares de producción y consumo y también en la prevención de residuos y en el reciclaje que permita la transformación, de un objeto o producto sin uso o destinado a ser un residuo, a una nueva identidad y valor.

Asimismo, y de forma más específica, el artículo vigésimo sexto aborda la obsolescencia programada estableciendo que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el ámbito de sus competencias, adoptará reglamentariamente medidas informativas sobre la durabilidad y la reparación de los productos con objeto de prevenir y erradicar las prácticas de producción que tengan por objeto la reducción intencionada de la vida útil de los productos, pudiendo a su vez actuar cautelarmente sobre la comercialización de estos.

Y a su vez, el artículo 135.5 prevé que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha promoverá e impulsará todo tipo de acciones e iniciativas voluntarias que garanticen, tanto la fiabilidad de los productos de las empresas, como una duración mínima de los productos adquiridos por las personas consumidoras. A tal efecto, se fomentará:

a) La posibilidad de que las personas consumidoras puedan aprovisionarse de piezas de recambio durante un período de cinco años a partir de la adquisición del producto.

b) Que en el momento de la compra se entregue a la persona consumidora un manual en el que se detallen las posibilidades de reparación y las instrucciones para realizarla.

c) Las iniciativas voluntarias de certificación para que la garantía de reaprovisionamiento de piezas de repuesto de diez o veinte años, sea un argumento de venta.

d) El compromiso de los fabricantes de publicar datos sobre las averías más frecuentes, almacenando las piezas de repuesto necesarias o comprometiéndose a fabricarlas por encargo o a buscar proveedores de la marca que pudieran producirlas.

e) Un etiquetado sobre la duración de la vida o el número estimado de utilizaciones de los productos para que la persona consumidora pueda escoger en el momento de la adquisición con pleno conocimiento de causa.

f) Cualquier otra medida que ayude a conocer la duración de la vida mínima de los productos adquiridos.

Finalmente, en referencia a las infracciones graves, el artículo 141.8 contempla de manera concreta que la obsolescencia programada podrá considerarse fraude en materia de calidad cuando así se desarrolle reglamentariamente.

Además, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 12 de la Agenda 2030 insta a un consumo y una producción responsables, considerando que el consumo y la producción sostenibles consisten en hacer más y mejor con menos, desvinculando el crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentando la eficiencia de recursos y promoviendo estilos de vida sostenibles. Por ello, este ODS plantea, entre otras metas, que para 2030 debe reducirse considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

Por otra parte, el decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, contempla en su artículo 11.2 apartados m) y n), respectivamente, la promoción del consumo responsable alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y con las políticas de transición ecológica; y la promoción de la economía circular en el ámbito del consumo.

El principal problema que se pretende solucionar con la modificación de este decreto es erradicar prácticas comerciales y comportamientos de las personas consumidoras y usuarias contrarios al aprovechamiento del ciclo de vida útil esperado de los productos, lo que genera un impacto económico, medioambiental y social adverso.

Más allá de dar cumplimiento a lo referido en los antecedentes de la norma antes citados, la necesidad del decreto viene dada por la inquietud que las personas consumidoras tienen al respecto, así como por la creciente sensibilización que tienen hacia la preservación del medio ambiente. Por otra parte, el desarrollo reglamentario de la Ley 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla- La Mancha, ofrece una oportunidad de dar respuesta a las cuestiones precedentes.

Los objetivos que persigue el decreto son:

• Contribuir a mitigar el impacto económico, medioambiental y social de la obsolescencia programada, en especial en lo que se refiere a los productos y dispositivos tecnológicos (comunicaciones, audiovisuales, electrodomésticos, etc.).

• Reducir los residuos industriales mediante el consumo circular, la reparabilidad y, en definitiva, extendiendo la vida útil o alargascencia de los productos, lo que contribuirá a prevenir la sobreproducción y el despilfarro de recursos materiales.

• Asegurar la protección de los derechos económicos y medioambientales de las personas consumidoras y usuarias ante prácticas comerciales  que puedan redundar en una reducción de la eficiencia de los productos adquiridos.

• Promover en el sector la transparencia y el cumplimiento de buenas prácticas comerciales en materia de consumo, al objeto de mejorar la calidad de prestación de los servicios que prestan a las personas usuarias.

• Fomentar hábitos de consumo sostenibles que contrarresten la inducción al sobreconsumo y la toma de decisiones basadas en criterios no racionales.

• Informar y divulgar las ventajas de iniciativas y prácticas de consumo circular, tales como la reparabilidad; el aprovechamiento  de piezas y residuos de productos; el empleo de materiales reciclados; la segunda vida de los productos o el suprareciclaje.

• Potenciar las iniciativas de consumo compartido y otras modalidades consumo colaborativo que coadyuvan con prolongar la vida útil de los productos, incluida la comercialización de productos de segunda mano.

En razón a lo antedicho no es posible contemplar posibles alternativas posibles a la elaboración de esta norma.

Por todo lo anteriormente expuesto y para conseguir los objetivos previstos, es imprescindible la elaboración de este decreto y formulamos esta consulta pública para que las personas interesadas puedan exponer sus propuestas y aportar sugerencias.