Línea 3. Título III: Políticas públicas de desarrollo del medio rural y frente a la despoblación

Propongo la siguiente redacción del apartado 3 del artículo 20: 3. Se garantizará la participación de la ciudadanía en general y en especial de los agentes representativos de los diferentes sectores.....

Propongo que se prevea alguna medida en materia de movilidad de funcionarios de la AGE cuyo puesto de trabajo se encuentre en servicios centrales de Ministerios en Madrid, pero que deseen fijar su residencia en la Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha, a fin de facilitar su traslado a las delegaciones provinciales del Estado en la Comunidad o a las delegaciones provinciales de la propia Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha. Podría articularse mediante un proceso de solicitud ágil que permita a los funcionarios de la AGE acceder a la lista de vacantes u ofertas de comisiones de servicio (abiertas al personal de la AGE) que existan en la Comunidad Autónoma (actualmente los portales web en que se publican estas vacantes son exclusivos para el personal de la Junta, sin que los funcionarios del Estado puedan conocer las vacantes que existen en la Comunidad Autónoma y a las que podrían acceder).

La gestión y protección del medio ambiente son algunas de las competencias que se encuentran en el ámbito municipal, aunque en algunos casos también se realizan desde el ámbito regional. No encuentro en ninguna parte del anteproyecto referencia alguna a esta gestión de manera general, sin hablar en concreto de recursos forestales, agrícolas o demás. Creo que sería necesario añadir una sección en la que se trate el medio ambiente de manera más genérica, con relación al menos a los siguientes puntos: - Asegurar la conservación y promoción del patrimonio natural como herramienta y motor de desarrollo rural. - Promoción y puesta en valor de los servicios ambientales que proporcionan los entornos naturales rurales: agua, aire, prevención de la erosión, etc. y planteamiento de pagos o tasas por este tipo de servicios. - Apoyo a los pequeños municipios para asegurar la correcta gestión y promoción de su patrimonio natural. La mayoría de los pequeños ayuntamientos tienen un total desconocimiento de la gestión que se hace de sus recursos, o incluso de los espacios naturales que deben gestionar. Sería interesante la creación de un servicio ambiental de apoyo a las entidades locales que como se hace por ejemplo con servicios jurídicos, informaran, aconsejaran y ayudaran a los alcaldes y concejales a realizar una correcta gestión de estos recursos.

Mi propuesta es la implantación de trenes que comuniquen Guadalajara con los pueblos del Alto Henares con una frecuencia de una hora durante 10 años para no solo mantener la población que ya existe (minúscula) sino aumentarla. Así mismo, dotar de otros servicios como pediatra en Jadraque. Igualmente financiar y potenciar la implantación de empresas relacionadas con la recolección y manufacturación de productos agrícolas como espárragos, alcachofas y otras verduras aprovechando la vega del río que darían trabajo a sectores sociales como las mujeres y jóvenes. 

Estoy pensando en esos pueblos en los que desde hace años ha ido descendiendo su población de forma lenta pero constante, de manera que muchos de ellos ya están al borde de la desaparición al tener en la actualidad un número de habitantes muy pequeño y muy envejecidos, con una pirámide de población invertida, sin gente joven o apenas en edad de trabajar, sin posibilidad de renovación generacional a partir de la propia población existente en el municipio. Pueblos que, a día de hoy, les queda poco para llegar a un punto de “no retorno”, entendiendo éste como aquel punto en que ya no queda establecida en el lugar gente con capacidad reproductiva, de forma que ya no existen esperanzas o perspectivas de nuevos nacimientos y solo defunciones, simplemente por la simple estructura de edad de la población que sigue viviendo en ellos, por la desaparición de hombres y mujeres en edad fértil, o simplemente jóvenes. Este punto de no retorno se hace patente cuando se cierra la escuela del lugar. Es decir cuando deja de haber niños en edad escolar. En estos pueblos la única posibilidad de “remontar” frente al declive imparable, es decir de aumentar su población y hacerlo con garantías de continuidad, tiene que venir de fuera casi necesariamente. Son pueblos en los que sólo es posible un futuro de continuidad mediante el establecimiento de nuevos pobladores, nuevos vecinos jóvenes que vengan “de fuera”, que tengan familia o la posibilidad de formar una familia y criar hijos en la localidad. Se dirá que para retener a la gente joven que se va de los pueblos y/o para atraer a nuevos habitantes hace falta básicamente oportunidades de empleo, de trabajo, de obtención de rentas, aparte de otros incentivos. Es un hecho que las oportunidades laborales en estos pueblos no abundan. Esa es la otra desventaja a vencer. Si esto es así y si queremos que los pueblos tengan futuro, solo hay una solución: Confiar en la propia iniciativa de las personas para salir adelante. Unos buscarán las oportunidades laborales fuera, en las ciudades, pero los habrá que busquen las oportunidades mediante iniciativas propias a desarrollar en estos pueblos que les procuren los ingresos, las rentas, que la falta de ofertas de trabajo no proporcionan. Muchas veces se dice: hace falta crear empresas en los pueblos, fuentes de producción con empleos atractivos. Si, muy bien, pero como las empresas, las fábricas, los centros de trabajo no se crean de la nada, ni los crea el Estado o las Administraciones Públicas, ni estos pueblos son atractivos para asentarse las grandes corporaciones empresariales, sólo hay una salida: acudir a la iniciativa particular, a la capacidad de creación de negocios y de actividades económicas rentables que personas del propio pueblo o de personas de fuera vean que pueden desarrollar en esa zona: Ese proyecto, esa idea, ese negocio, esa actividad que le va a proporcionar los ingresos que necesitan. Por lo tanto, éstos son los componentes de la ecuación: Personas jóvenes con iniciativas, con un proyecto personal de negocio o de actividad económica o de empleo (en el sector que sea: agricultura, turismo, comercio, servicios), que puedan considerar que lo pueden llevar a cabo y desarrollar en alguno(s) de estos pueblos. Los otros factores básicos para que estos jóvenes decidan establecerse y en su caso formar núcleos familiares y la posibilidad de criar hijos en los pueblos y por tanto revertir el camino de la despoblación, son la existencia de servicios mínimamente adecuados: servicios médicos accesibles, de educación (escuela pública), de comunicaciones, y viviendas disponibles de suficiente calidad. En muchos de estos pueblos a los que nos referimos se dan todas estas condiciones. Lo que planteo como propuesta a este procedimiento participativo es que la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha ayude en este proceso en un punto muy concreto, con una medida muy concreta: Apoyando económicamente a quien piense o quiera establecerse, con una iniciativa o un proyecto de actividad económica propio o un empleo local, en un pueblo que considere adecuado para llevar a cabo esa iniciativa o proyecto vital, y concretando ese apoyo en ayudas económicas para el pago de la vivienda en que fije su residencia en el pueblo. Se trataría de que la JCCM estableciese una línea de subvenciones a fondo perdido, consistente en el pago por la JCCM de los alquileres de las viviendas ubicadas en estos pueblos que vayan a ser utilizadas por personas jóvenes, parejas con hijos o familias monoparentales, o con posibilidad de tener hijos, durante un plazo de uno o dos años hasta que su proyecto se consolide, de aquellas personas que se establezcan en los pueblos para el desarrollo de esos proyectos, empleos o iniciativas. Incluyendo además, si cabe, el pago de los gastos corrientes de mantenimiento: agua, gas, energía, electricidad. Y con un tope, en todo caso, que se considere oportuno definido por el Gobierno de la JCCM. Habría que limitar al máximo los requisitos para la concesión de estas ayudas: Edad (hasta 40 años p. ej.), presentación de su proyecto, contrato de alquiler, empadronamiento, certificado del Ayuntamiento de estancia efectiva… y poco más. Esta medida tendría un beneficio “directo” doble: por un lado para los posibles nuevos pobladores que verían descargados sus costes iniciales de establecimiento en la localidad hasta que pudieran arraigar, y por otro lado para los propietarios de viviendas libres del municipio, que normalmente en estos pueblos las hay en con la suficiente calidad y precios asequibles. En este plan, como en casi todos, los Ayuntamientos, por muy pequeños que sean tienen un papel fundamental. Deben tener: a) Un punto de información / comunicación / contacto para todos los posibles interesados. Un punto de acceso abierto, un teléfono, una persona de contacto. b) Un listado de los servicios de que dispone el municipio (centro médico, hogar de ancianos, farmacia, escuela municipal, oficina bancaria, comercios, comunicaciones, de ocio etc.), de los recursos económicos de que dispone, de la población del lugar y sus cualificaciones profesionales, de los recursos residenciales (viviendas disponibles), de las ventajas e incentivos de establecerse en la localidad, etc. Finalmente, y en cuanto al coste de este plan: Gobernar es elegir. El Gobierno de la JCCM puede seguir financiando el crecimiento de las ciudades o puede revertir la tendencia de abandono del medio rural, al menos en parte, y decidirse a financiar planes como éste.

Uno de los factores por los que tienden a contratarse en el medio rural empresas de base urbana son los requisitos en cuanto a tamaño, antigüedad y similares. Por este motivo, se propone incorporar lo siguiente:

• 2. Los órganos del sector público regional, en el marco de la normativa vigente en materia de contratación pública, velarán por la incorporación en los pliegos de prescripciones técnicas, definidores de las obras, servicios y suministros que precisen para el ejercicio de sus competencias, de requisitos y características específicas de escala, antigüedad, así como criterios sociales y medioambientales que redunden en la mejora del medio rural, propiciando las adquisiciones de proximidad, la utilización de productos locales, ecológicos, frescos y de temporada, así como productos amparados por figuras de calidad diferenciada regional, propiciando igualmente la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión forestal sostenible, las energías renovables y del ahorro energético.

El punto 7, relativo a las "centrales de contratación", es una navaja de doble filo: por un lado es cierto que puede conducir a ahorro por economías de escala; por el otro dificulta muchísimo a las empresas del mundo rural acceder a la contratación pública. Por ello, debería reformularse o complementarse el punto.

• 7. La Administración regional, en el marco de la normativa vigente en materia de contratación, establecerá una estrategia de colaboración con las entidades locales para la celebración de acuerdos marco, sistemas dinámicos o centrales de contratación dirigidos a lograr una mayor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Estos se realizarán preferentemente en sectores que, por su naturaleza, difícilmente puedan radicar en el medio rural. En caso contrario, primará el criterio de cercanía sobre las economías de escala.

Se echa en falta un artículo relativo a la descentralización de los centros de toma de decisiones (Consejerías, Direcciones Generales, Delegaciones provinciales…), pues estos se encuentran excesivamente concentrados tanto en la ciudad de Toledo como en las capitales de provincia -cuando bien podrían estar en municipios de segundo rango-. El papel de estos centros en el mantenimiento de la población rural no sólo es importante por el empleo directo que llevan aparejado, sino porque en sus inmediaciones también tienden a ubicarse empresas relacionadas con el sector del que se trata (clústeres), generando así un importante volumen de empleo indirecto. .

CONSIDERACIONES: A nuestro juicio habría que ampliar el alcance de este artículo, incorporando puntuación adicional a aquellos proyectos de emprendimiento colectivo promovidos por empresas de economía social que favorezcan la diversificación de la actividad económica y la creación de empleo rural.  

Estando de acuerdo con el contenido actual del referido artículo, entendemos que se debería favorecer igualmente que el acceso a la educación pública se pueda ofrecer igualmente desde la iniciativa privada concertada, mediante el fomento del emprendimiento colectivo a través de cooperativas de enseñanza o cooperativa de educación reguladas en la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha, de manera que sean los propios profesionales del entorno (licenciados en ciencias de la educación y similares) los que promuevan proyectos para cubrir las necesidades educativas del medio rural, asegurando la fijación de la residencia en dichas zonas rurales y el arraigo con el territorio de los mismo.

En la medida en que la figura de las Cooperativas Rurales reguladas en la Ley 4/2017, de 30 de noviembre, Cooperativas Rurales de Castilla-La Mancha, permite a las mismas la realización de, entre otras, actividades asistenciales, de iniciativa o de integración social que redunden en beneficio del medio rural, entendemos que la promoción de este tipo de cooperativas por emprendedores del propio entorno, podría suponer una buena forma de favorecer el crecimiento endógeno, la creación de empleo y la cobertura de servicios básicos como lo son los servicios asistencias y de atención a personas dependientes. Se propone incorporar algún apartado en estos tres artículos que recoja como objetivo de esta Ley el favorecer este tipo de proyectos cooperativos de emprendimiento colectivo.

Es primordial y justo que la sociedad rural tenga acceso a medios de TRANSPORTE PUBLICO DE CALIDAD. Es decir, con horarios y frecuencia necesarios para poder acceder a las ciudades, dónde se encuentran servicios públicos y privados, que en el medio rural no los hay (hospitales, universidad, dentistas....). De otra forma terminará por migrar toda la población rural a la ciudad. Pues NO ES UNA VIDA DIGNA, aquella que te impide el acceso a los servicios básicos de un ciudadano, que a su vez paga los mismos impuestos que el resto. A día de hoy se están eliminando frecuencias de trenes y líneas de bus. ESTO ES ABANDONAR A LA POBLACIÓN RURAL y decapitar cualquier esperanza de futuro de esa zona y las de su alrededor. En mi zona (Jadraque) se ha disminuido en los últimos meses la frecuencia de trenes  en los horarios más necesarios (primero de la mañana -el.que tomaban gente para ir al hospital a sus analíticas...- y el último del día) y autobuses. Eso impide que personas sin vehículo propio y/o carnet, queden aislados (jóvenes que no pueden desplazarse a estudiar, ancianos que no pueden acudir a su cita con el médico...). En la zona de Atienza solo disponían de una línea de autobus al dia, en estos dias de septiembre han dejado solo tres a la semana. 

Desde nuestra Federación, FUCICLM, ya hicimos aportaciones en el Consejo Asesor de Medioambiente, del que formamos parte. Las reproducimos para que queden también reflejadas en este proceso. Los consumidores de muchas poblaciones rurales de nuestra región, sufren un agravio, frente a los consumidores de poblaciones más grandes, dado que un servicio, de cuya competencia la Administración Regional tiene, que son las competencias en materia de defensa del consumidor, solo algunas poblaciones grandes, tiene servicio de Oficina Municipal de Información al Consumidor. Este servicio atiende las quejas y reclamaciones de sus paisanos, y da labor formativa e informativa. Es un servicio esencial, que fruto de cuestiones presupuestarias, se ha ido disminuyendo en muchas de nuestras poblaciones.  Desde la Administración Regional, se pueden brindar figuras alternativas, aprovechando las nuevas tecnologías. En concreto se ha empezado a desarrollar los Puntos de Inclusión Digital, bajo el auspicio de no solo la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, si no también de diversas Diputaciones Provinciales y varios Municipios. Entendemos como una figura fundamental, dotar por Ley de una continuidad a estos Puntos de Inclusión Digital, en todos los Municipios de nuestra Región. Para romper la distancia, acercar los servicios, empoderar a los ciudadanos de las zonas menos pobladas. Estos servicios son en muchas materias que acercarán la Administración Digital. Y supondrá una reducción del transporte, de la huella de carbono, e igualará y dotará de los mismos servicios de todos los ciudadanos dando igual su ubicación. No habrá en nuestro caso, consumidores de primera o de segunda categoría.   En segundo lugar, queremos valorar, que esta Ley dote de un impulso decidido a la implantación del acceso a internet, de alta velocidad. Si puede ser con la fibra óptica, que da calidad y continuidad en el servicio. Un ciudadano consumidor, tendrá la posibilidad de comunicarse, de comprar, de disfrutar de servicios, dando igual su ubicación rural, y asentará población.   En tercer lugar, pedimos que el Desarrollo Sostenible, la economía circular y la cultura del reciclaje esté presente en la elaboración y sobre todo en el desarrollo de esta Ley.  La Administración Regional, tiene que ser un ejemplo en sus compras, de manera ética y responsable. Para que sirva de ejemplo a la ciudadanía. Y con su volumen de compras, hacer que los proveedores, tengan que adquirir esos artículos con lo que habrá más disponibilidad para el resto de los ciudadanos.   Muchas gracias.   Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de Castilla - La Mancha. 

Se propone la siguiente redacción: "La Administración regional promoverá una oferta farmaceutica, a través de las oficinas de farmacia legalmente establecidas, especialmente diseñada para responder a las necesidades de la población rural y, de forma singular se arbitrarán mecanismos que faculten la distribución de medicamentos en aquellas localidades de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, donde no exista oficina de farmacia o botiquín. La oficina de farmacia será en todo caso la encargada de dicho suministro. Se dará preferencia para dicho suministro a las farmacias rurales mas cercanas para ayudar a la sostenibilidad de las mismas."

Que no supere los 20 minutos

Si la vida en el campo sigue presentándose extremadamente difícil para las mujeres, no tendremos generación que quiera seguir trabajando y habitando el espacio rural y ampliaremos sin control el espacio de la despoblación si no actuamos con políticas claras y urgentes. Para ello nos parece imprescindible garantizar la lucha contra la Violencia de Género en el medio rural desde el ámbito de las políticas públicas e implementar una atención pública de calidad a las mujeres en el medio rural, y donde  en particular se propiciará: a) Una ordenación territorial del servicio público que garantice una red de cuidados prenatales y postnatales que hagan atractivo y seguro el proyecto de vida de las mujeres que deciden ser madres en el entorno rural. b) La estabilidad en el diseño y funcionamiento del mapa y de la red de recursos y centros de la mujer insertos en el medio rural, con la consideración de imprescindibles, para hacer que la población permanezcan en el entorno rural y mantengan los pueblos. c) La estabilización y mejora de los recursos humano en la lucha contra la violencia de género que redunde en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres y la garantía de atracción de nuevas personas que vivan. d)Creación y mantenimiento de un tejido social que afiance las redes sociales, las redes de distribución, colaboración y formación y que así se aseguren las necesidades vitales de las mujeres emprendedoras y trabajadoras. e)Recursos que atenúen el trabajo de cuidados que no puede recaer en exclusiva en las mujeres en las próximas décadas y que aumentarán la carga para una población femenina envejecida.

Todo el transporte escolar se verá afectado hasta la derogación del Decreto 119/2012 y mientras no suceda, necesitamos garantizar el desplazamiento sin costes para una población que quiere seguir estudiando y que no podemos penalizar poniendo trabas en la continuación de sus estudios. Mientras tanto resulta imprescindible: d) Garantizar la oferta de servicios de transporte escolar gratuito para enseñanzas no obligatorias en el medio rural incluido Bachillerato, para atender de modo efectivo a la demanda de acceso de formación a la población del medio rural y la movilidad y el desplazamiento del alumnado que habita en el medio rural como forma de fijar población, y que no se verá garantizada hasta la derogación del Decreto 119/2012

Se propone añadir un nuevo apartado 3): Se procederá a deslocalizar los distintos departamentos de la Administración regional, distribuyéndola en manera más proporcional entre las provincias y privilegiando la localización de las mismas en zonas despobladas.

2.    La Administración autonómica promoverá la formalización de instrumentos de colaboración administrativa con las entidades locales y supramunicipales de la región para la gestión de las políticas públicas sobre reto demográfico y frente a la despoblación. En este apartado debería añadirse para que tenga cabida los Grupos de Acción Local, como entidades supramunicipales, hay que tener en cuenta que no en todas las comarcas existen Mancomunidades de Municipios, el papel de los Grupos de Acción Local en este apartado, que tienen una visión integral y multisectorial del territorio, puede ser fundamental para la aplicación efectiva de las estrategias contando con los actores locales.  

4. Dotar a los centros de especialidades médicas, tanto con personal como equipos para que se puedan ofertar servicios y evitar el desplazamiento a los hospitales para esas consultas

Proponemos que el tiempo de acceso desde cualquier núcleo hasta el núcleo de prestación del servicio básico no supere los 30 minutos.

c) Desarrollar en la administración la documentación en lectura fácil y fomentar que también se haga en las entidades privadas

En el punto d) del artículo 29, se debería de completar con “aprovechando los servicios de transporte ya disponibles, como pueden ser los taxis localizados en la zona”.

2. […] Favoreciendo a los taxistas rurales como prestadores de este servicio a demanda.

Añadir en el artículo 34, referido a la oferta de formación profesional, que “La formación profesional se efectuará en el territorio, usando como criterios la zona de procedencia de las empresas que participan en la formación, así como la localización de los recursos naturales o de otro tipo conectados con la formación. Se elegirá una zona despoblada, siempre que sea posible".

Completar con “En estas zonas se impulsará económicamente también el uso de los taxis ubicados en el territorio”.

Vemos fundamental que haya un extra o una dotación adicional en cada convocatoria de ayudas para proyectos que se realicen en zonas con alto grado de despoblación. Pero pensamos que habría que añadir estas premisas: e. Concretar el presupuesto con el que se trabajará en esta ley a nivel regional, una legislación sin un presupuesto asignado se puede convertir en un arma de doble filo y en un proceso baldío tal y como ocurrió con la ley de 2007. f. Aunque se aumenten los porcentajes en la baremaciones y porcentajes de las ayudas a los municipios con problemas de despoblación, exigimos a la administración que se reserven, al menos, un 40% del total de todas las convocatorias a municipios que sufren despoblación y que cuentan con menos de 10.000 habitantes en su censo del año anterior. g. Mención aparte deben tener los municipios, que se encuentran en comarcas despobladas, pero que por sus características especiales (como la ubicación de eólicas…) los han convertido en pueblos sin problemas de financiación, es más, están incluso quitando los impuestos a sus vecinos. Se genera entre pueblos contiguos, una diferencia brutal, de pueblos rurales de primera y de segunda, que nos parece total mente injusto. Por lo tanto, planteamos la creación de un PLAN REGIONAL DE ENERGIAS ALTERNATIVAS, con generación de ingresos distribuidos entre el resto de municipios con exclusión eólicas y Espacios Naturales Protegidos en sus límites). h. En todas las convocatorias de ayudas se deberían incluir criterios de discriminación positiva relacionada con la despoblación, la dispersión poblacional, tipología de zona rural diferenciando zonas de montaña, km2 de zonas protegidas Red Natura 2000, y servicios que cofinancian las entidades locales.   

En este punto se deberían definir las medidas y las ventajas fiscales de los trabajadores y trabajadoras que desempeñen su actividad en el sector público dentro de estas zonas rurales con alta despoblación. Entre estas medidas, para que los trabajadores públicos puedan fijar su residencia dentro de los municipios en cuestión, proponemos: 3. Complemento de salario de un 10% adicional en su nómina por estar en puestos de difícil cobertura. Obligatorio que el funcionario o personal laboral esté empadronado en el municipio donde resida y trabaje. 4. Asignación de 1.500 € anuales por cada uno de los hijos inscritos en educación infantil, primaria o secundaria en cada uno de los centros de las zonas con alta despoblación. 5. Estudiar, a nivel estatal y autonómico, bonificaciones impositivas para familias con hijos residentes en el medio rural, en zonas de prioridad demográfica. Se fijarán criterios objetivos para poder acceder a estas ayudas (tiempo mínimo de residencia, tiempo de permanencia, umbrales máximos de renta…), a fin de hacerlas socialmente justas y demográficamente eficaces. 6. Bolsas de empleo público. En ocasiones está sucediendo que personas que están en bolsa de trabajo para trabajar en empleos públicos del medio rural (limpieza de centros de educación…etc), cuando sale alguna plaza no están interesados en venir a trabajar a algunas zonas más aisladas y renuncian a dicho trabajo, dejando sin servicio, por ejemplo, la limpieza de un centro educativo, especialmente grave en estos momentos de COVID, y al no existir más gente en bolsa, la plaza se queda desierta. No es de recibo que habiendo gente con ganas y necesidad de trabajar en los pueblos estás plazas no se puedan cubrir al no existir gente en la bolsa interesada en venir a vivir y a trabajar a pueblos pequeños. Se debería articular un sistema para dar la posibilidad de incorporar a bolsas de trabajo a personas del lugar donde se necesitan los empleos. Las bolsas de empleo deberían ir asociadas a las necesidades y servicios concretos en zonas rurales o municipios concretos. Las bolsas únicas para la provincia y la región, hacen que en los pueblos esté trabajando personas que tienen residencia en capitales de provincia, zonas urbanas, y que no tienen intención de vivir en el medio rural. Importante ligar empleo público, a vivir en el lugar donde se genera ese empleo público. Actualmente hay gran cantidad de empleos públicos (maestros, profesores, orientadores empleo Sepes, oficinas agrarias, servicios sanitarios…) de personas que hacen “rueda” (comparten coche) para venir desde capitales de provincia (a más de 100-120 km) a trabajar al medio rural, y los ingresos o rentas de estos se consumen o gastan en el medio urbano, con el consiguiente perjuicio económico y adicionalmente perjuicio ambiental de desplazamientos diarios. Se debe buscar propuestas en empleo público ligadas a VIVIR en la zona rural donde se TRABAJA.  

La población en las zonas rurales tiene un nivel de alfabetización informática muy por debajo de las zonas urbanas. Los trámites normativos y administrativos son exactamente los mismos, por lo tanto, estamos generando ante la administración grandes disparidades y desigualdad de oportunidades a la hora de presentar trámites ante las administraciones; más ahora que hay que presentar todos los documentos por las plataformas y sedes electrónicas. Sería apoyo y medidas destinadas a agilizar los trámites administrativos y burocráticos en materia de concesiones, licencias y autorizaciones, solicitudes de ayudas, con el fin de remover obstáculos que dificulten el inicio y despegue de la actividad personal, profesional y empresarial en los medios rurales. Por este motivo, proponemos: 1.    Dotación de presupuesto para contratar a técnicos en los Ayuntamientos, Diputaciones o los grupos de desarrollo de apoyo para la tramitación de todo tipo de documentación y hacer de intermediarios entre los ciudadanos del medio rural y las distintas administraciones. Como mínimo, un técnico cada 1000 habitantes. 2.    Formación a empresarios, colectivo de asociaciones y a la población en general sobre la administración electrónica y su uso. 3.    Plataformas y formularios de acceso a los mismos sencillos y fácilmente entendibles, aplicar modelos de accesibilidad cognitiva a las mismas.  

Lo que está claro, e incluso, dentro de nuestra propia comarca, es la heterogeneidad de zonas rurales, donde unas están más concentradas y otras más aisladas y diseminadas; claro ejemplo es el término municipal de Yeste, con 511 km2 y más de 130 caseríos aislados habitados, donde la distancia entre unos caseríos y otros, dentro del mismo término, es de más de una hora y media. Nerpio o Molinicos son otros ejemplos similares de dispersión territorial. Por este motivo, la definición de un mapa de isócronas para definir una distancia mínima para los equipamientos mínimos es complicado. Por este motivo, sugerimos que: 3. Tengan en cuenta a los colectivos de los territorios rurales para definir estos mapas de distancias y de servicios mínimos en los territorios. Estamos hablando técnicos de bienestar social, de empleo, de todos los sectores económicos y también representantes de entidades locales. 4. Realizar un mapa de distancias -espacial y temporal- de acceso a los servicios básicos (sanidad, educación, servicios sociales y comerciales) y a las grandes infraestructuras (autopistas, autovías y ferrocarriles) para establecer un plan de prioridades en la ejecución de nuevas infraestructuras de acceso, concertado entre las AAPP competentes. 5. La prestación de servicios básicos no debería superar los 20 minutos.  

Bajo nuestro punto de vista y, refrendado por el grupo educativo en la comarca, los servicios que se están dando por ratio de alumnos son realmente ejemplares por parte de la administración, sobre todo en aldeas y núcleos de pocos habitantes, que han permitido la supervivencia de los colegios rurales. Pero estamos viendo algunas debilidades que hacen que algunos alumnos y padres se desmotiven, en cierta manera. Estamos hablando del transporte. Por la dispersión de la población en la comarca, muchos de los alumnos tienen que viajar en transporte público; este transporte, hasta el segundo ciclo de la ESO es gratuito, discriminando a los alumnos que quieren seguir estudiando la etapa del bachillerato y ciclos formativos, ya que se le cobra el servicio de transporte y, a veces, esto desmotiva a las propias familias y a los alumnos de esta etapa. Por tanto, proponemos en este punto:   j.    Que los alumnos que cursen la etapa de bachillerato y ciclos formativos en las zonas rurales con alta despoblación tengan acceso al transporte escolar y que este, a pesar de no ser un ciclo de estudio obligatorio, sea totalmente gratuito. k.    Garantizar el acceso de la Educación de 0 a 3 años, con medidas específicas en las zonas de prioridad demográfica, incluyendo un programa de subvenciones a las familias para facilitar el acceso en todos los núcleos que no cuenten con este servicio. l.    Promover acciones educativas que contribuyan a difundir la realidad y los valores del medio rural, fomentando el tratamiento de esta materia en las aulas, así como sensibilizar a la población en su conjunto. m.    La utilización de materiales curriculares digitales, en la enseñanza obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos, en las zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación. Esto solo tiene sentido si los materiales son interactivos, y no meramente libros en pdf, incomodos y nada prácticos, ni didácticos. Además, para ello, las instalaciones deberían contar con medios técnicos (proyectores, pizarras digitales, puntos de conectividad con suficiente capacidad y velocidad para el número de alumnos…) pues de lo contrario sería contraproducente para la educación de nuestros jóvenes. n.    Se debería añadir que, en el medio rural, se oferten especialidades formativas adicionales a las meramente obligatorias, bien en especialidades de bachiller en diferentes ramas con salidas profesionales reales, o bien, a través de módulos de formación profesional de grado medio y superior. Ver la posibilidad de que estos módulos puedan rotar o variar por periodos de tiempo (rama forestal y cuidado de montes, rama sanitaria para atención a mayores o personas con necesidades, rama de hostelería y restauración…). Que estos módulos puedan ser permanentes o rotar por centros cuando sea posible. Además, se debería becar o ayudar a aquellos alumnos del medio rural, que tengan que ir a realizar formación específica, módulos específicos de ciertas ramas que no se pueden cursar en la zona rural, para tratar de que estos tengan las mismas oportunidades que las familias que viven en el medio urbano.  

Una de las claves para el desarrollo económico de las zonas rurales es la formación. Pero una formación, sobre todo la profesional, adaptada a las riquezas y al sector económico clave en los territorios rurales. Para la definición de estas familias profesionales, como fase previa, proponemos: 1. Reuniones o grupos de trabajo donde debería haber un consenso entre las oficinas de empleo, sector educativo, entidades locales y también los actores que trabajan en el tejido socioeconómico en los territorios (grupos de desarrollo rural y asociaciones de empresarios, por ejemplo) para detectar mejor las necesidades de formación ocupacional.  

1.    El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha diseñará una red de puntos de atención continuada, con el fin de garantizar que cualquier núcleo de población de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación se encuentre a menos de 20 minutos de aquellos durante las 24 horas del día. 2.    Se garantizará un servicio de transporte aéreo del SESCAM (helicópteros sanitarios) diseñado para la realización de vuelos nocturnos, que permita realizar la asistencia sanitaria de urgencias y emergencias durante las 24 horas con la misma calidad y alcance para todos los núcleos de población de la región, con una atención de respuesta máxima de 20 minutos. Dicho servicio incorporará los avances tecnológicos y los requisitos europeos para este tipo de operaciones  

f. Habría que garantizar que la atención a mayores pueda ser realizada siempre que sea posible en su propio municipio, bien en residencias como tal, o bien en unidades de convivencia o domicilios compartidos en los que se proporcionen apoyos necesarios a personas mayores en situación de dependencia.  

Nuevo artículo. - La atención a la igualdad y la diversidad. La Administración regional garantizará la atención a personas que viven en el medio rural, especialmente en las zonas rurales escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, para atender sus necesidades básicas y ofrecerle el apoyo necesario para evitar el sexilio. Se tendrán en cuenta las discriminaciones directa, indirecta y múltiple que sufren las personas LGTBI, racializadas, o en situación de vulnerabilidad social especialmente aquellas interseccionalidades que se corresponden con personas jóvenes, menores, mayores y mujeres LBT rurales considerando, entre otros, los siguientes ámbitos: a) Promoción de valores igualitarios de convivencia y empoderamiento de las personas LGTBI. b) Asegurar un tratamiento adecuado de la información, la comunicación y la sensibilización y velar por el cumplimiento de derechos de estas personas c) Mejora del acceso a recursos sociales, educativos, sanitarios y tecnológicos. d) Adecuación de la prevención y la atención de las personas LGTBI víctimas de violencia y acción discriminatoria y/o grupo familiar por homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia e interfobia a las circunstancias específicas del medio rural. Serán contempladas y empleadas en la planificación las herramientas para la transversalidad social y de género que estén recogidas en el marco normativo de igualdad y que sean necesarias para hacer posible la aplicación del principio de igualdad y no discriminación, las acciones positivas y la comunicación inclusiva.

Especificar cuál es la densidad de población que hace que una zona se considere con “extrema despoblación”: ¿todas las categorías mencionadas en artículos anteriores? ¿Las de menos de 12 u 8 hab/km2? Debería seguir usándose la nomenclatura establecida previamente y no pasar a una expresión que puede confundir o arriesgarse a derivar en una manipulación de las categorías.

Contemplar / reflejar el problema de base: numerosos puestos de la Guardia Civil han cerrado por falta de recursos económicos y humanos. Sin estos cuerpos de seguridad, no será posible coordinar o actuar de manera específica en las áreas escasamente pobladas o muy escasamente pobladas. ¿Se aumentará el presupuesto, o se designará uno especial para ello?

Los términos son demasiado ambiguos. Procurar algo es hacer esfuerzos para que suceda, pero con esta redacción puede quedar siempre en intentos. Las afirmaciones deben ser más contundentes, al igual que se dice en otros puntos ("...deberán estar localizadas...", "el tiempo ... no debe superar los XX minutos", etc.) Hay lugares en los que no se va a conseguir bajar de los 40 o 50 minutos para llegar. ¿Cómo se va a calcular ese mínimo?

Los términos utilizados en los puntos de este artículo son excesivamente vagos y permiten interpretación hacia mínimos. - En el punto (a) debería decir: "El acceso de toda la población del medio rural a la educación formal y no formal" (no sería lógico que el acceso no sea el adecuado para la población). - En el punto (b) debería decir: "El acceso de toda la población del medio rural a la atención sanitaria y farmacéutica" (no sería lógico que la oferta no considere las peculiaridades del medio rural y su población). - En el punto (c), como en los casos anteriores, los términos son excesivamente vagos y permiten interpretación hacia mínimos, así que debería decir: "El acceso de toda la población del medio rural a prestaciones y equipamientos de bienestar social" (no sería lógico que el acceso no se adapte a las necesidades de la población).

Terminar la frase: “…que redunde en la atracción de nuevas personas que vivan en el territorio”. 30.c: Estabilización y mejora de las plantillas docentes No se hace mención al “cómo” y es importante saber qué tipo de medidas se aplicarían: alojamiento gratis, aumento de sueldo, bonificación por permanencia de un mínimo de años, etc. Con el consiguiente presupuesto para ello. 30.d: Igualdad de acceso a niveles superiores educativos. Especificar cómo se va a hacer: En la actualidad la FP en áreas rurales tiene ratios inferiores a 10 alumnos, ¿se va a seguir exigiendo un mínimo de 15-20 alumnos? 30.e: Adecuar las ratios a las circunstancias reales Qué se entiende por adecuar? Habría que ser más concisos. Ejemplo: “Con al menos cinco alumnos de un mismo nivel educativo se creará una unidad independiente.”

Muy preocupante, desde el punto de vista de la igualdad de derechos de los ciudadanos, que se condicione la devolución del monto total de la beca a que los que salieron a estudiar regresen y pongan en práctica proyectos económicos en las zonas despobladas. Por un lado, limita la libertad de decisión sobre la futura vida laboral y personal de las personas del medio rural con pocos medios económicos; se acentúa la brecha. por otro, pone en desigualdad de condiciones a los habitantes del medio rural con respecto a los estudiantes de las áreas urbanas o de otras zonas del país (que optan también a becas para sus estudios). Sería mejor fomentar el regreso o inversión posterior con estímulos adicionales, independientemente de la beca.

En este rango, en el que entran personas de cualquier edad, mención a su necesaria participación en la toma de decisiones. La exclusión no es solo por ser dependientes sino por ser excluidos del ámbito comunitario en el día a día de convivencia.

Mención al papel esencial de las personas mayores en TODAS las áreas de la vida comunitaria: necesaria participación en la toma de decisiones, importancia como transmisores del conocimiento, y reivindicación de su papel activo en la vida social del pueblo.

Añadir apartado: “f) Se impulsará la interacción de las personas mayores con el resto de la población del municipio, incluyendo un servicio de traslado para participar en las actividades populares del entorno, así como la habilitación de espacios para el encuentro con el objeto de promover la interacción y la inclusión social de las personas mayores.”

Sustituir el eufemismo “servicio público regular de uso general de personas viajeras por carretera” por el tipo de transporte al que se refiere: “líneas de autobús”. Incluir una mención al uso y recuperación de las líneas de tren de cercanía y regional.

ALEGACIÓN ÚNICA            El art. 38 del mencionado Anteproyecto de Ley, establece lo siguiente:   “La Administración regional promoverá una oferta farmacéutica específicamente diseñada para responder a las necesidades de la población rural y, de formar singular se arbitrarán mecanismos que faculten la distribución de medicamentos en aquellas localidades de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, donde no exista oficina de farmacia”.            Sin dejar de reconocer el propósito laudable de mejorar la atención farmacéutica en las zonas despobladas de nuestra comunidad, el precepto aludido no puede obviar la circunstancia de que, conforme resulta del art. 103 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, corresponde a las oficinas de farmacia la dispensación de medicamentos a los ciudadanos, salvo en los supuestos de actuación de los servicios hospitalarios y de atención primaria, para aplicación dentro de las instituciones sanitarias.            De igual manera, tampoco puede contravenir lo establecido en la Ley 5/2005, de 27 de junio, de ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha, en cuyo art. 5 se establece que la dispensación “sólo” podrá realizarse en los establecimientos autorizados por esta ley, así como por la citada Ley General de Sanidad y por la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.                   Asimismo, el capítulo II de nuestra ley de farmacia castellano manchega (artículos 38 y 39), que regula los botiquines farmacéuticos, dispone la autorización de botiquines en aquellos núcleos de población que no cuenten con una oficina de farmacia; y que dichos botiquines serán adscritos a una oficina de farmacia realizando su titular, regente, sustituto o adjunto las tareas de custodia, conservación y dispensación de los medicamentos y productos sanitarios.            En definitiva, en aquellas poblaciones donde no exista oficina de farmacia, la prestación farmacéutica debe articularse a través de un botiquín farmacéutico, bajo la responsabilidad de una oficina de farmacia de otra población de la misma zona farmacéutica. No puede establecerse una “oferta farmacéutica específicamente diseñada”, ni arbitrarse de “forma singular” un “mecanismo” de distribución que se aparte del marco legal que se está comentando, pues de lo contrario se estaría contraviniendo gravemente el ordenamiento jurídico sanitario y conculcando el derecho de los ciudadanos a una prestación farmacéutica segura y de calidad.            Como consecuencia de lo anterior, se solicita el perfeccionamiento del precepto mencionado del anteproyecto de la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias, en los siguientes términos:   “La Administración regional promoverá una oferta farmacéutica específicamente diseñada el establecimiento de botiquines farmacéuticos para responder a las necesidades de la población rural y, de forma singular se arbitrarán mecanismos que faculten la distribución de medicamentos en aquellas localidades de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, donde no exista oficina de farmacia, todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley de ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha”.            De esta manera, la futura ley de medidas económicas, sociales y tributarias, sí respetará el marco normativo estatal y de nuestra comunidad, que persigue que la custodia, conservación y dispensación de los medicamentos la realicen los farmacéuticos comunitarios, como factor esencial para garantizar la calidad de la atención farmacéutica de la población.            No obstante sería interesante poder aprovechar para la fututa ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente la despoblación social, aprovechar la figura del farmacéutico comunitario en las zonas rurales puesto que su presencia (en muchos casos es el único agente sanitario de la población) fija y afianza población, además tenemos la formación y la capacitación para realizar servicios profesionales asistenciales, como por ejemplo es la atención farmacéutica domiciliaria, el seguimiento farmacoterapéutico, realización de sistemas personalizados de dosificación, cesación tabáquica, control del riesgo vascular y no podemos olvidar la colaboración en campañas sanitarias que lleve a cabo la administración pública.   Por lo expuesto.   SOLICITA a V.S. que tenga por presentado este escrito y lo admita, así como por formuladas en tiempo y forma las alegaciones más arriba referidas al anteproyecto de ley referido, así como por solicitada la mejora de la futura norma en los términos interesados, y, estimándolo pertinente, acuerde su modificación y perfeccionamiento, por ser procedente hacerlo así.   En Albacete, a 7 de octubre de 2020.              

PRIMERO   “Artículo 29. Disposiciones Comunes Para la consecución de un acceso en igualdad a los servicios públicos en el medio rural, la planificación que se realice en este ámbito contendrá medidas orientadas a garantizar: b) Una oferta sanitaria y farmacéutica, que considere las peculiaridades del medio rural y su población”. Partimos  del  hecho  que la prestación farmacéutica está integrada en el  conjunto  de prestaciones sanitarias. La Ley 16/2003, de 28 de  mayo, de cohesión y  calidad del Sistema Nacional de Salud, en su artículo 7 define el   catálogo  de  prestaciones del Sistema  Nacional  de Salud, estableciendo: “Artículo 7. Catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud. 1. El catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud tiene por objeto garantizar las condiciones básicas y comunes para una atención integral, continuada y en el nivel adecuado de atención. Se consideran prestaciones de atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud los servicios o conjunto de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de promoción y mantenimiento de la salud dirigidos a los ciudadanos. El catálogo comprenderá las prestaciones correspondientes a salud pública, atención primaria, atención especializada, atención sociosanitaria, atención de urgencias, la prestación farmacéutica, la ortoprotésica, de productos dietéticos y de transporte sanitario. Por  tanto,  solicitamos  que en el  apartado b) del artículo 29 no se regule la  oferta farmacéutica como una prestación no integrada en la oferta sanitaria.   SEGUNDO     “Artículo 35. Garantía en la atención primaria y servicios sanitarios adecuados al medio rural 1. ……………………. 2. En función de las circunstancias de cada zona rural: a) ………………………………. b) Se incluirán programas específicos para garantizar una correcta atención sanitaria en el domicilio, especialmente a las personas de edad avanzada o con enfermedad crónica, ofreciendo servicios médicos, cuidados de enfermería, hospitalización domiciliaria, atención a pacientes terminales y fisioterapia”.   Creemos  conveniente  y muy  positivo para la población de la  zona  rural  acercar servicios farmacéuticos a la población, tales como, atención  farmacéutica domiciliaria, elaboración de SPD, mecanismos para la  dispensación por la  oficina de farmacia de medicamentos de diagnóstico hospitalario sin  cupón  precinto, y  ello con el fin y objetivo de  garantizar  servicios farmacéuticos de calidad a la  población rural, posibilitar la igualdad de oportunidades efectiva de sus habitantes y propiciar desarrollo económico y social del medio rural.   TERCERO.  "Artículo 38. Distribución de medicamentos en el ámbito rural. La Administración regional promoverá una oferta farmacéutica específicamente diseñada para responder a las necesidades de la población rural y, de formar singular se arbitrarán mecanismos que faculten la distribución de medicamentos en aquellas localidades de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, donde no exista oficina de farmacia".   I- En primer lugar, debemos  destacar una  errónea descripción de concepto en este  artículo, tanto en el  título como en su  contenido.   El  hecho de facilitar el medicamento  al usuario  final, en  este  caso,  a los habitantes de las  zonas rurales, es un  acto de dispensación de medicamentos, no distribución.   La dispensación de medicamentos y productos sanitarios es un servicio esencial en la práctica profesional diaria de cualquier farmacéutico comunitario. Mediante el Servicio de Dispensación se garantiza el acceso a la población a medicamentos y productos sanitarios, a la vez que se proporciona información para que los pacientes conozcan el correcto proceso de uso y se detecten y corrijan posibles problemas que pudieran aparecer derivados de su utilización. Por tanto, el  hecho  de  acercar a la población el medicamento, ya  sea en su  domicilio o procedimiento  similar, será  siempre un acto de  dispensación y  como tal es de  exclusiva  competencia de la  oficina de farmacia. Esto es así  en cumplimiento de la  vigente  legislación  sanitaria, nos podemos  referir  tanto al Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios,  artículo 3.6, a la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de los  Servicios de las oficinas de farmacia, articulo 1, o  la  Ley 14/1986, de 25 de  abril, General de Sanidad. Por lo cual, el Anteproyecto de Ley,  objeto de estas alegaciones, no puede en ningún  caso contradecir esta legislación básica.    Debemos de  aclarar que  el  término distribución unido al medicamento  tiene  un  concepción  legal totalmente diferente,  ya  estaríamos  hablando de comercialización del medicamento, a través, bien de entidades de distribución o directamente por el laboratorio titular de la autorización de comercialización,  todo ello dentro del ámbito del  Real  Decreto 782/2013, de 11 de octubre, sobre distribución de medicamentos de uso  humano.   Por  tanto,  solicitamos que en el  artículo 38, tanto en el título como  en su contenido, se suprima cualquier  referencia a la distribución de medicamentos  y sea sustituido por el concepto -  dispensación de  medicamentos-.     II.-Partimos  del  hecho  que la oferta farmacéutica para atender las  necesidades de la población  rural en  Castilla-La  Mancha está garantizada con la actual  planificación farmacéutica, derivada, con  carácter  general, de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia, Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, Ley de garantías  y  uso  racional de  los medicamentos y productos  sanitarios aprobada por Real Decreto Legislativo 51/2015, de 24 de julio, y de forma específica, por la  de la vigente Ley 5/2005, de 27 de junio, de Ordenación del Servicio Farmacéutico en Castilla-La Mancha.   La  Ley 5/2005 posibilita la  siguiente realidad:  

• Castilla La Mancha tiene hoy uno de los servicios farmacéuticos  más cercano, próximo y accesible  al ciudadano de toda España y con la mayor cobertura geográfica de todo el territorio. En la actualidad Castilla la Mancha cuenta con 1.256 oficinas de farmacia en toda la región. El 99 % de la población castellano-manchega cuenta con una farmacia en su lugar de residencia.

 

• La amplia red regional de oficinas de farmacia permite que el medicamento llegue en condiciones de igualdad a toda la población de  nuestra región, tanto de zonas urbanas como del más recóndito pueblo, circunstancia ésta muy importante, dadas las características de dispersión geográfica existentes en nuestra Comunidad Autónoma.

 

• Cada día las 1256 oficinas de farmacia aseguran el servicio de suministro, dispensación y demás funciones que se realizan en las oficinas de farmacia  a toda la población de Castilla La Mancha, durante 24 horas tanto en el medio urbano como en el medio rural, a través de sus servicios de urgencia.

 

• La red de botiquines  da  cobertura  a aquellos municipios donde  no existe  oficina de farmacia. En la actualidad existen en nuestra comunidad 200 botiquines, que suponen un sistema de asistencia sanitaria a la población en aquellas localidades y/o pedanías que con un número de población muy baja, y que bajo tutela de la Oficina de Farmacia a la que está adscrito, mantiene un abastecimiento real, rápido y cercano de medicamentos y otros productos sanitarios necesarios para la población.

  No obstante, el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha es  muy sensible al problema  que  supone la  despoblación en el  medio  rural,   y somos  conscientes que es obligación de todos  contribuir  a paliar esta  situación, con el objetivo primordial de garantizar los servicios básicos a su población, posibilitar la igualdad de oportunidades efectiva de sus habitantes, y propiciar desarrollo económico y social del medio rural para alcanzar la cohesión territorial.   Estamos convencidos que la oficina de farmacia es un elemento fundamental para este objetivo, ya  que  es el único establecimiento  sanitario legalmente  autorizado para la  dispensación de medicamentos a la población y en mucho  caso  el único agente  sanitario con que cuenta la  población en su propio municipio.   La oficina de farmacia tiene  además una  faceta  asistencial, como establecimiento sanitario responsable no  solo de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios, sino también  de la  información y seguimiento de los tratamientos farmacológicos y el control del uso individualizado de los medicamentos en la comunidad, además de poder jugar un papel importante en salud pública.   La red asistencial de farmacias –por su profesionalidad, cercanía, accesibilidad y plena disponibilidad – es una estructura sanitaria fundamental que constituye una potente red de apoyo, de atención personalizada y dispuesta a prestar servicios de calidad a las  zonas  más despobladas y  desfavorecidas de  la  región.   El farmacéutico comunitario es el profesional sanitario más cercano y accesible a los ciudadanos, especialmente a las personas mayores, y su labor de prevención y promoción de la salud supone una contribución fundamental para el sistema sanitario y la población.   El farmacéutico tiene como misión atender las necesidades de los pacientes en relación a los medicamentos que utilizan, colaborando con las administraciones sanitarias para garantizar la prestación farmacéutica y desarrollando todas aquellas actividades que estén relacionadas con la salud y dentro de su ámbito de actuación. Contando con la colaboración de las farmacias comunitarias se podrá garantizar plenamente el derecho de los ciudadanos a recibir la prestación farmacéutica en condiciones de igualdad.   Por ello, proponemos  que  en el  artículo 38 de la  Ley de medidas  económicas, sociales y tributarias frente a la  despoblación y para el  desarrollo del medio rural  en  Castilla-La Mancha, en tramitación,  quede  redactado de la  siguiente forma:   "Artículo 38. Dispensación de medicamentos en el ámbito rural. La Administración regional promoverá una oferta farmacéutica específicamente diseñada para responder a las necesidades de la población rural y, de formar singular se arbitrarán mecanismos que faciliten la dispensación de medicamentos, a través de la red de  oficinas de farmacia,  en aquellas localidades de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, donde no exista oficina de farmacia".   Con ello conseguimos  una economía de recursos y aumento de la eficiencia. La eficiencia del modelo se basa en los medios materiales y técnicos, que están ya establecidos y funcionando en la farmacia comunitaria, para prestar este servicio, con los canales de distribución y suministro completamente implementados, los protocolos y las comunicaciones necesarias, y los espacios y el equipamiento acordes a dicho servicio. Además, la farmacia comunitaria cuenta con los recursos humanos adecuados y formados, farmacéuticos y técnicos, para realizar multitud de servicios profesionales en beneficio de la población. Estos  servicios son un plus para las zonas rurales  más desfavorecidas y despobladas. Servicios  como asistencia a domicilio, elaboración de SPD, control de adherencia o  seguimiento farmacoterapéutico son mecanismos óptimos para contribuir  a paliar la situación de estas  zonas garantizando una adecuada continuidad asistencial.

El punto 3 del artículo 20 dice :  Se garantizará la participación de los agentes representativos de los diferentes sectores económicos y sociales del medio rural en la definición de políticas públicas de desarrollo territorial del medio rural y de lucha frente a la despoblación. Aunque entiendo la intención de incluir a los agentes del sector cultural cuando se habla de "sectores sociales", considero que es necesario especificarlo. Así, donde dice "sectores económicos y sociales del medio rural" incluiría "sectores económicos, sociales y culturales del medio rural".   

Consideramos que en el articulado se debería incluir la colaboración con las entidades suprarregionales para coordinar políticas y acciones comunes a territorios contiguos y afines, formalizando instrumentos de colaboración y coordinación. En este sentido el COACM ha colaborado con otros organismos e instituciones y actualmente está  colaborando con el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León para el desarrollo de la II Jornada contra la Despoblación, habiendo celebrado la I Jornada en Brihuega. Consideramos que en el articulado se podría mencionar expresamente a las corporaciones de derecho público, como el COACM, que se han revelado como muy importantes en la ayuda a la administración para la lucha contra la despoblación, entre otros puntos, como ya lo hemos demostrado.

Consideramos que el reforzamiento de los servicios técnicos de la administración local (Ayuntamientos y, sobre todo, en la medida que no sea posible en los municipios de escasa población y capacidad, de las Diputaciones) es una medida fundamental para la consecución de los fines de esta ley, pues contribuiría a la agilización de los trámites administrativos de los expedientes urbanísticos, tanto de las actuaciones edificatorias, declaraciones de ruina, disciplina urbanística, como de los instrumentos de planeamiento necesarios en cada caso para la materialización del adecuado desarrollo de los municipios, con el fin de albergar las tan necesarias iniciativas económicas de activación del medio rural. Por ello, proponemos que se incluya una referencia a la incentivación de la contratación de los técnicos competentes para estas funciones e, incluso, al fomento desde la administración autonómica de este refuerzo con medidas económicas al respecto.