PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN O REVISIÓN DEL ARTICULADO
En términos generales, es necesario advertir que la redacción del título es muy genérica, ya que los artículos
no definen los derechos de la infancia y la adolescencia como tal, sino que tan solo los nombran y recogen el compromiso de la administración para su garantía y satisfacción (por ejemplo, el artículo 15). Por lo tanto, se propone la revisión completa del título, atendiendo a las concretas propuestas que a continuación se realizan sobre algunos de los derechos y deberes listados.
Asimismo, por una parte, sería conveniente incluir un artículo inicial que recoja los
principios generales de este título y se refiera expresamente a la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, su promoción y divulgación entre la población castellano-manchega.
Por otra parte, se propone la inclusión de un capítulo o, en su defecto, artículo específico en materia de promoción de la igualdad y no discriminación que trate de manera sectorial: el género, la orientación sexual, la interculturalidad, la discapacidad y la vulnerabilidad social y/o económica. Este se pondría en relación con el derecho a la inclusión social de la infancia y la adolescencia, pero refiriéndose de manera particular al impulso institucional por un cambio en los valores sociales de la población manchega, que empodere a las mujeres y elimine los obstáculos existentes para el acceso y pleno ejercicio de los derechos y deberes, en condiciones de igualdad por todos los niños, las niñas y adolescentes. En este sentido, serán especialmente relevantes las nociones de dignidad, seguridad alimentaria y proceso migratorio.
Artículo 10. Referencia a normas, tratados e instrumentos internacionales
Se propone suprimir este artículo, por entender que su único fin reitera la prelación de fuentes básica del ordenamiento jurídico, sin aportar información específica alguna sobre la norma analizada o el título que introduce.
Dado que la Exposición de Motivos se expresa en términos similares al referirse a las normas más relevantes en materia de infancia en el ordenamiento internacional y estatal, se sugiere incorporar como artículo inicial del título un listado de principios generales que deban regir la protección y satisfacción de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. Entre otros posibles, se consideran imprescindibles los siguientes:
- Protección, promoción y divulgación de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes.
- Actuación subsidiaria de la administración y las entidades colaboradoras.
- Defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.
- Fomento del pleno desarrollo personal.
Artículo 11. Derecho a la identidad y al nombre
Por una parte, al final del apartado 1 se propone incidir en que se prestará apoyo y asistencia a la persona menor de edad que sea víctima de discriminación para el pleno ejercicio y goce de sus derechos. Por otra, se sugiere considerar la inclusión en el texto de la libre elección de la identidad cultural, la pertenencia a comunidades, y la libre expresión de la identidad de género y la orientación sexual, sin que el niño, la niña o adolescente sea discriminado/a o sujeto a prácticas de asimilación forzada.
Artículo 12. Derecho a la integridad física y psicológica y al buen trato
En relación con este derecho, se propone hacer mención expresa al derecho a la vida, en tanto en cuanto libre de violencia, tanto en el título como en el texto de la disposición. En consecuencia, se sugiere expresar que las Administraciones Públicas realizarán, en el ámbito de sus competencias, actuaciones preventivas y atenderán a los niños, las niñas y adolescentes que sufran cualquier forma de violencia. En esta línea, también podría garantizarse especialmente la seguridad de la infancia y la adolescencia, teniendo en cuenta los riesgos en espacios y horarios determinados que generan un impacto negativo en esta población especialmente vulnerable.
Artículo 13. Derecho a la atención integral frente a la violencia
Por una parte, se recomienda prescindir de la frase “entre otros aspectos” al inicio del
segundo apartado, pues permite interpretar el listado de actuaciones de manera dispositiva. En su lugar, resultaría de la mayor utilidad explicitar el contenido mínimo que deben conllevar las medidas para la atención integral de la infancia y la adolescencia en atención a su superior interés. En su defecto, cabría añadir al final de la lista actual otra letra o apartado que se refiera a la posibilidad de adoptar cualesquiera otras, siempre y cuando se acredite y justifique su adopción en función del superior interés del niño, la niña o la adolescencia.
Por otra parte, en relación con la redacción del apartado 6, debería señalarse en el texto de la ley el órgano competente para adoptar la decisión de sustraer al niño, la niña o adolescente de la persona maltratadora cuando la violencia se produzca en el propio entorno familiar.
Artículo 15. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen
El texto del artículo
no define los tres derechos que componen el encabezado, por lo que sería necesario clarificar el alcance de éstos en el marco de la Comunidad Autónoma.
Por otra parte, se propone sustituir o complementar la alusión a la propia imagen incluyendo las obligaciones de la ciudadanía y la administración en materia de protección de los datos personales de la infancia y la adolescencia. Así pues, debe ser expreso el deber de las familias o quienes ejerzan la guardia sobre el niño, la niña o adolescente de protegerles frente a ataques de terceros.
Artículo 17. Derecho a la libertad ideológica, de conciencia, religión y expresión
Tras la lectura del artículo no se identifican los elementos propios del reconocimiento legal de un derecho, sino una definición ambigua del mismo y una declaración de intenciones por parte de la Administración Pública de desarrollar actuaciones, que se sobre entienden de sensibilización, dirigidas a progenitores y personas que ejerzan la tutela o guarda de niños, niñas y adolescentes.
Por ello, se recomienda la revisión del texto en su conjunto y, de manera particular, se propone desarrollar las concretas limitaciones establecidas por la ley a las que se refieren en el primer párrafo. Ello evitaría ambigüedades que pudiesen conllevar inseguridad jurídica para el colectivo titular de dichos derechos.
Artículo 18. Derecho a la participación, asociación y reunión
Por una parte, se sugiere incluir entre las actuaciones de promoción realizadas o coordinadas por la Administración, la participación de la infancia y adolescencia castellano-manchega en actividades de voluntariado. Del mismo modo, la inclusión del concepto cultura de paz tal y como sigue:
“Artículo 18.
Derecho a la participación, asociación y reunión.
(…)
3. Las Administraciones públicas promoverán el asociacionismo infantil y juvenil, fomentando el civismo, la convivencia, la cultura de paz y la tolerancia como principios, valores y prácticas de una sociedad democrática; se facilitará la participación de las personas menores de edad, sin que puedan ser obligadas o condicionadas para su acceso y permanencia, velando por que en el funcionamiento de estas organizaciones se respete la legalidad vigente y los principios y valores de una sociedad democrática.”
Por otra parte, el apartado 5 se refiere de manera genérica a la promoción de la participación directa, individual y colectiva, pero no remite a un posterior y preceptivo desarrollo reglamentario de las fórmulas que deban facilitarla. Por tanto, se propone revisar este apartado, realizando una previsión concreta de los órganos de participación infantiles que existan o, en su caso, deban crearse para garantizar este derecho en instancias autonómicas.
Artículo 20. Derecho a la salud y a la atención sanitaria
En el apartado 2 de artículo se propone adoptar un mandato legal por el que deban elaborarse planes trienales o de similar duración, que aseguren la atención de las necesidades de la población en materia de salud mental infanto-juvenil en cada momento. Por tanto, tal previsión debería establecer no solo la periodicidad sino también la competencia del órgano encargado para determinar las líneas estratégicas y los recursos materiales y humanos que se requieran en cada periodo, contando en todo caso con canales de participación infantil para su diseño.
Artículo 21. Derecho a la educación
Se propone desarrollar el apartado 3, incluyendo los mandatos concretos que deban regir la intervención del órgano competente para prevenir o erradicar una situación de violencia. Entre otros, se surgieren los siguientes:
- La definición de la cultura del buen trato en el ámbito educativo;
- El empleo de técnicas de regulación emocional y comunicación asertiva;
- La transformación pacífica de conflictos para mantener relaciones interpersonales equilibradas que mantengan un clima escolar adecuado y no discriminatorio y/o violento.
También se propone abordar aquí la necesidad de incluir en la planificación de la Administración autonómica las medidas tendentes a digitalizar los centros educativos, en particular, aquellos sitos en poblaciones rurales; a promocionar no solo el acceso, sino también el uso responsable de nuevas tecnologías y a disminuir la brecha digital y social presente en la infancia y la adolescencia castellano-manchega.
Artículo 22. Derecho a la información y formación afectivo-sexual
En vista de los avances y consensos en torno a los conceptos empleados en materia de género, con el fin de evitar que la ley pueda inducir a error o limitar el ejercicio de los derechos de la infancia, se propone modificar el texto como sigue:
“Artículo 22.
Derecho a la información y formación afectivo-sexual.
La Administración regional garantizará a las personas menores de edad el derecho a recibir información y formación afectivo-sexual basada en la evidencia científica, orientada a la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de trasmisión sexual, y al disfrute de una afectividad y sexualidad sanas, seguras y adecuadas a su edad, promoviendo la igualdad de género y la no discriminación por razones de identidad o expresión de género u orientación sexual, velando especialmente por garantizar este derecho a las personas menores de edad con discapacidad.”
Artículo 25. Derecho a la inclusión social
En primer lugar, se recomienda hacer mención expresa a la necesaria prevención e intervención sobre la pobreza infantil y a las medidas para la inclusión social en el caso de familias monoparentales o culturalmente diversas.
En segundo lugar, en el apartado 1 b) se propone incluir un compromiso de garantía de la atención temprana, con el fin de dar respuesta específica a las necesidades permanentes o transitorias que presenten los niños y las niñas por encontrarse en una situación de alto riesgo por exposición a factores de carácter biológico o psicosocial.
En tercer lugar, en el sentido de las propuestas transversales realizadas sobre cuestiones relacionadas con el lenguaje y también del propio encabezado del artículo, en el apartado 2 se considera más apropiado hablar de inclusión social que de integración. Por ello, se sugiere su revisión.
Artículo 26. Derecho a la formación y acceso al empleo
La redacción del texto del artículo resulta ambigua y no configura un derecho de la infancia y la adolescencia propiamente dicho, ni tampoco un mandato claro sobre la Administración pública competente. Por ello, se considera conveniente revisar el objeto del artículo e incluir un contenido consecuente con el mismo.
A tal efecto, se recomienda incluir también aquí el contenido propio de los derechos económicos y laborales de la adolescencia, que recoja un compromiso de la administración para evitar la explotación económica de la infancia y asegurar su protección.
Artículo 27. Derechos específicos y trato preferente de la infancia con medidas de protección
Por una parte, en cuanto a la
estructura, tal y como se ha propuesto en el apartado 2 del presente documento, se considera de la mayor utilidad establecer un capítulo específico para tratar los derechos y las actuaciones específicas sobre la infancia y la adolescencia con medidas de protección.
Del mismo modo, podrían listarse en
artículos independientes derechos específicos de la infancia en el marco de los procesos
de adopción y acogimiento familiar, puesto que las circunstancias serían sustancialmente distintas al acogimiento residencial y, por ende, su contenido y la forma en que la Administración y la familia de acogida o adoptiva deben facilitar su ejercicio y defensa. Por ejemplo, sería de la mayor utilidad recoger aquellos derechos sobre la relación del niño, la niña o adolescente con la familia de acogida tras el cese de la medida, el acceso a la información o su participación en la adopción de las decisiones que le conciernen.
Sin perjuicio de lo anterior, se propone la modificación del texto del artículo incluyendo entre los derechos específicos de la infancia con medidas de protección los siguientes: a ser oídas y escuchadas; a su protección ante una situación de riesgo o desamparo; a conocer su situación personal, las medidas a adoptar, su duración y contenido, sus derechos y los procedimientos que les afectan; a conocer su historia personal y familiar, así como sus antecedentes culturales y sociales; a la total confidencialidad y reserva acerca de sus circunstancias personales y familiares; a acceder a toda la información, adaptada a su capacidad, relacionada con su situación vital y familiar; a hacer llegar sus reclamaciones o quejas a los distintos órganos públicos intervinientes en el proceso; a que se fomente su participación activa, individual y colectiva, también en el funcionamiento del servicio y en la evaluación del hogar, centro o programa; a que se respete su identidad y expresión en relación a su etnia, religión, cultura, género y orientación sexual; a disponer de un o una profesional de referencia; a ser sujetos activos en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades; a una tramitación eficaz y rápida; a permanecer con su familia siempre que sea posible y, en caso de separación, a que se considere su retorno; a una alternativa familiar cuando no sea posible dicho retorno; a disponer de los medios que faciliten su inclusión social; a que su familia reciba la ayuda y apoyo suficientes para que pueda atenderles; a ser reconocidas beneficiarias del derecho de asistencia jurídica gratuita en situación de desamparo; a que se faciliten los apoyos necesarios para hacer efectivos los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad; a recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico que precisen y a que la Administración denuncie la vulneración de sus derechos.
Artículo 29. Actuaciones específicas en materia de sanidad
Entre las propuestas transversales a la norma, se formulan algunas en relación con la estructura del Título I. En esta línea, la presencia de un artículo sobre las “actuaciones específicas en materia de sanidad” en el espacio dedicado a listar los derechos de la infancia y la adolescencia no se considera lo más apropiado.
Asimismo, cabe sugerir realizar un tratamiento diferenciado de las actuaciones previstas sobre la infancia y la adolescencia que presente problemas de conducta del resto de intervenciones del sistema de protección. Estas pueden conllevar limitaciones en el ejercicio de los derechos listados anteriormente, por lo que la norma debe también prever sistemas de control público y de participación específicos, que salvaguarden al colectivo de sufrir violencia estructural (institucional).
Artículo 32. Actuaciones específicas en materia de integración social
Se recomienda replantear el contenido del artículo en los términos señalados anteriormente, sobre la necesidad de armonizar el marco conceptual de la norma, utilizando de manera preferente el término “inclusión social” sobre “integración social”.
Por otra parte, se propone configurar como un artículo independiente el contenido al que se refiere el apartado 2, en relación con la infancia migrante no acompañada, prescindiendo de explicitar como un objetivo el retorno al país de origen por ser contrario al fin de inclusión social del colectivo que asume la administración en su actuación.
Artículo 33. Deberes y responsabilidades de las personas menores de edad
Se sugiere aludir de forma expresa al Capítulo III del Título I de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que recoge los deberes de las personas menores de edad. Consecuentemente, tal y como se ha indicado anteriormente en relación con la estructura, se recomienda crear un capítulo específico, que recoja y desarrolle los deberes de los niños, las niñas y adolescentes castellano-manchegos.
Dicho capítulo comprendería una serie de artículos que desglosaría los
deberes en función del ámbito en el que operan: deberes generales de la infancia y la adolescencia, aquellos relativos al ámbito familiar, al ámbito social y al ámbito educativo.
Además, en el caso de no crearse un capítulo específico sobre la infancia y la adolescencia con medidas de protección, también aquí podrían especificarse sus deberes, indicando de manera concreta aquellos que se refieren al acogimiento residencial y al familiar.
