Línea 4. Títulos VI, VII y VIII. Orientación profesional, factores de calidad y financiación del Sistema de Formación Profesional

1. Plan autonómico de renovación de equipamiento

Se propone crear un plan autonómico estable y plurianual para la renovación del equipamiento de los centros de Formación Profesional. En familias profesionales tecnológicas, como Informática y Comunicaciones, la actualización de los equipos es imprescindible para garantizar una formación de calidad y alineada con las necesidades del sector productivo. Propuesta concreta: Crear un plan de renovación con criterios objetivos de prioridad y financiación suficiente.

• Ordenadores de aula actualizados.
• Servidores y equipamiento de red.
• Sistemas de almacenamiento.
• Material para virtualización.
• Equipamiento específico de cada familia profesional.
• Licencias o recursos técnicos cuando sean necesarios.

2. Financiación específica para centros con elevada carga de FP

Se propone que la financiación del sistema tenga en cuenta la complejidad real de los centros que imparten Formación Profesional. Los centros con muchos ciclos, grupos, turnos, alumnado, modalidad virtual, empresas colaboradoras o proyectos de innovación requieren más recursos humanos, económicos y administrativos. Propuesta concreta: Contemplar criterios de financiación diferenciados para centros con elevada carga de FP.

3. Apoyo administrativo específico

Se propone dotar a los centros con amplia oferta de Formación Profesional de personal administrativo o apoyo específico para la gestión de estas enseñanzas. La FP genera una carga administrativa muy elevada: convenios, Formación en Empresa, seguros, transporte, documentación de alumnado, plataformas, certificados, acreditaciones, gestión de empresas y seguimiento de proyectos. Propuesta concreta: Asignar personal administrativo adicional o cupo específico de apoyo a los centros con un volumen elevado de alumnado de FP, empresas colaboradoras o modalidades virtuales.

4. Plataforma autonómica única para la Formación en Empresa

Se propone crear una plataforma autonómica única para la gestión integral de la Formación en Empresa. Esta herramienta permitiría reducir la carga burocrática, homogeneizar procedimientos y mejorar la coordinación entre Administración, centros, empresas y alumnado. Propuesta concreta: Diseñar una herramienta común de gestión de la Formación en Empresa.

• Registro de empresas colaboradoras.
• Asignación de alumnado.
• Generación de documentación.
• Seguimiento de la estancia.
• Comunicación entre centro, empresa y alumnado.
• Registro de incidencias.
• Evaluación.
• Histórico de colaboraciones.

5. Base autonómica de empresas colaboradoras

Se propone crear una base autonómica o provincial de empresas colaboradoras con la Formación Profesional. Esta base permitiría conocer qué empresas colaboran con cada familia profesional, qué perfiles demandan, cuántas plazas ofrecen, en qué localidades se encuentran y cuál ha sido la valoración de experiencias anteriores. Propuesta concreta: Crear un registro actualizado y accesible para los centros, organizado por provincia, familia profesional, localidad, plazas disponibles y experiencia previa.

6. Redefinición del papel de los prospectores de Formación Profesional

Actualmente se dispone de 20 prospectores de Formación Profesional en las delegaciones provinciales, a los que el profesorado puede recurrir en caso de no encontrar empresas para el alumnado. Se propone revisar este modelo para que la función de prospección no actúe únicamente como apoyo puntual, sino como un servicio estructural, activo y planificado. La existencia de estos perfiles debería aprovecharse para descargar a los centros y al profesorado de una tarea que, aunque es imprescindible para el funcionamiento de la Formación en Empresa, no constituye una función docente en sentido estricto. La captación de empresas, el mantenimiento de contactos, la actualización de convenios y la detección de plazas disponibles requieren una labor continuada, territorial y especializada. Desde una perspectiva de eficiencia en el uso de los recursos públicos, sería conveniente reducir las horas docentes destinadas a la búsqueda de empresas y concentrar esa función en personal especializado. No parece eficiente que profesorado funcionario del subgrupo A1 dedique una parte significativa de su horario a tareas de prospección empresarial cuando estas pueden ser desarrolladas por personal técnico o administrativo con funciones específicas y menor coste relativo para la Administración. El profesorado tutor debería centrarse en aquello que aporta un valor pedagógico directo: seguimiento del alumnado, coordinación formativa con la empresa, evaluación de los resultados de aprendizaje y atención a incidencias educativas. La Administración, a través de los prospectores u otros equipos especializados, debería asumir la responsabilidad principal de localizar empresas, impulsar convenios y garantizar plazas suficientes. Propuesta concreta: Convertir los actuales servicios de prospección en equipos responsables de la búsqueda activa, captación, mantenimiento y distribución de empresas colaboradoras para todos los centros, reduciendo la dependencia de la iniciativa individual del profesorado.

• Búsqueda activa de empresas colaboradoras.
• Captación de nuevas entidades para la Formación en Empresa.
• Impulso y preparación inicial de convenios de colaboración.
• Mantenimiento de una base provincial o autonómica de empresas.
• Detección de plazas disponibles por familia profesional, territorio y periodo formativo.
• Coordinación anticipada con los centros educativos para conocer sus necesidades reales de plazas.
• Distribución equilibrada de oportunidades entre centros, evitando duplicidades y competencia entre ellos.
• Seguimiento de la colaboración empresarial a medio y largo plazo.
• Identificación de sectores con déficit de plazas formativas.

7. Transparencia, indicadores y evaluación económica de la actividad de los prospectores de FP

Se propone que la Administración educativa publique o facilite periódicamente información sobre la actividad realizada por los prospectores de Formación Profesional, con el objetivo de conocer su impacto real y valorar si los recursos destinados a esta función están reduciendo de forma efectiva la carga de trabajo de los centros y del profesorado. Dado que ya existen 20 prospectores en las delegaciones provinciales, resulta necesario conocer cuántas empresas han aportado realmente al sistema, a qué centros han beneficiado, cuántos alumnos y alumnas han podido realizar la Formación en Empresa gracias a su intervención y cuántas horas de estancia formativa se han cubierto mediante las empresas localizadas por este servicio. Esta información permitiría analizar si resulta más eficiente mantener un modelo basado en horas de profesorado tutor dedicadas a la búsqueda de empresas o avanzar hacia un modelo profesionalizado de prospección empresarial, con personal específico y objetivos medibles. La finalidad no sería fiscalizadora, sino de mejora del sistema, planificación de recursos, transparencia y rendición de cuentas. Propuesta concreta: Establecer indicadores públicos o internos de seguimiento de la actividad de los prospectores y de la eficiencia del modelo de prospección empresarial.

• Número de empresas contactadas.
• Número de empresas incorporadas efectivamente como colaboradoras.
• Número de convenios impulsados o formalizados gracias a la intervención de los prospectores.
• Número de empresas aportadas a cada centro educativo.
• Centros beneficiados por provincia y familia profesional.
• Familias profesionales beneficiadas.
• Número de alumnos y alumnas asignados a empresas localizadas por los prospectores.
• Número total de horas de Formación en Empresa cubiertas gracias a esas empresas.
• Distribución provincial de las actuaciones.
• Tiempo dedicado a la prospección y coste estimado del servicio.
• Estimación de horas docentes liberadas en los centros.
• Incidencias detectadas.
• Empresas que repiten colaboración en cursos posteriores.
• Sectores o familias profesionales con mayor dificultad para encontrar plazas.

8. Cambio de modelo: de apoyo puntual a servicio especializado de prospección activa

Se propone que los servicios de prospección se anticipen a las necesidades de los centros, conozcan la previsión de alumnado que realizará Formación en Empresa, identifiquen empresas disponibles por sectores y territorios, y faciliten a los centros una bolsa suficiente de entidades colaboradoras antes del inicio de los periodos de estancia en empresa. Este cambio permitiría que el profesorado no tuviera que asumir como tarea ordinaria la búsqueda de empresas, reservando su dedicación a funciones docentes, pedagógicas y evaluadoras. Al mismo tiempo, permitiría a la Administración aprovechar economías de escala: un equipo especializado puede trabajar para todos los centros de una provincia, evitar duplicidades, centralizar contactos y mejorar la estabilidad de los convenios. Propuesta concreta: Regular un modelo de prospección activa coordinado por las delegaciones provinciales, conectado con una base autonómica de empresas colaboradoras y evaluado mediante indicadores de eficacia y eficiencia económica.

9. Evaluación del impacto real de la Formación en Empresa

Se propone establecer indicadores de calidad para evaluar la eficacia real de la Formación en Empresa. No basta con medir el número de alumnado que realiza la estancia en empresa. También debería analizarse el nivel de aprovechamiento, la satisfacción de las partes implicadas y el impacto en la titulación, la empleabilidad, el abandono y la repetición. Propuesta concreta: Diseñar indicadores autonómicos que permitan tomar decisiones basadas en evidencias sobre la organización de la Formación en Empresa.

10. Orientación profesional vinculada a itinerarios flexibles

Se propone reforzar la orientación profesional para ayudar al alumnado a elegir entre ciclos completos, oferta modular, FP a distancia, certificados profesionales, acreditación de competencias o itinerarios de especialización. La orientación debe ser especialmente importante para personas adultas, alumnado trabajador o personas que buscan recualificación profesional, de forma que puedan elegir el itinerario más adecuado sin tener que cursar necesariamente una enseñanza completa si no es necesario para sus objetivos. Propuesta concreta: Integrar la orientación profesional con los itinerarios modulares, virtuales y acumulables de Formación Profesional.

Se propone modificar los Títulos VI, VII y VIII del Anteproyecto de Ley para reforzar la orientación profesional vinculada a itinerarios flexibles, incorporar indicadores específicos de calidad y eficiencia de la Formación en Empresa, y garantizar una financiación suficiente, estable y diferenciada para los centros con mayor carga de Formación Profesional. En relación con el Título VI, relativo a la orientación profesional, se propone que la orientación no se limite a informar sobre ciclos formativos completos, sino que se vincule de forma expresa a los itinerarios modulares, virtuales y acumulables de Formación Profesional. La orientación profesional debe ayudar al alumnado y a las personas adultas a elegir entre ciclos completos, oferta modular, FP a distancia, certificados profesionales, acreditación de competencias, recualificación profesional o itinerarios de especialización, en función de sus necesidades reales. Esta medida es especialmente importante para personas trabajadoras, desempleadas, adultas o con responsabilidades familiares, que pueden necesitar una cualificación progresiva y no necesariamente cursar una enseñanza completa. Se propone añadir al artículo 37 una redacción similar a la siguiente:

Los itinerarios personalizados de formación, orientación y empleo deberán integrar la información y el acompañamiento necesarios para que las personas puedan elegir entre ciclos formativos completos, oferta modular, Formación Profesional virtual o a distancia, certificados profesionales, acreditaciones parciales acumulables, procedimientos de acreditación de competencias e itinerarios de especialización. La orientación profesional deberá facilitar la construcción de trayectorias formativas flexibles, acumulables y compatibles con la cualificación, recualificación y promoción profesional a lo largo de la vida.

En relación con el Título VII, relativo a los factores de calidad, se propone incorporar un plan autonómico estable y plurianual de renovación de equipamiento de los centros de Formación Profesional. En familias profesionales tecnológicas, industriales o sanitarias, la actualización de equipos, servidores, redes, sistemas de almacenamiento, material para virtualización, licencias o recursos técnicos resulta imprescindible para garantizar una formación alineada con las necesidades reales del sector productivo. Se propone añadir un nuevo apartado en el Título VII, preferentemente en los artículos relativos a innovación, digitalización o garantía de calidad, con una redacción similar a la siguiente:

La Administración educativa aprobará un plan autonómico, estable y plurianual de renovación, actualización y mantenimiento del equipamiento técnico de los centros que imparten Formación Profesional, con criterios objetivos de prioridad, suficiencia financiera y adecuación a la evolución tecnológica de cada familia profesional. Dicho plan atenderá, entre otros aspectos, a la renovación de ordenadores de aula, servidores, equipamiento de red, sistemas de almacenamiento, material para virtualización, equipamiento específico de cada familia profesional y licencias o recursos técnicos cuando resulten necesarios para garantizar una formación de calidad.

Asimismo, se propone que el marco autonómico de evaluación del Sistema de Formación Profesional incluya indicadores específicos sobre la Formación en Empresa. No basta con medir el número de alumnado que realiza la estancia. También debe analizarse el aprovechamiento real, la satisfacción del alumnado, empresas y profesorado, la contribución a la adquisición de resultados de aprendizaje, la incidencia en la titulación, la repetición, el abandono y la empleabilidad. El borrador ya prevé una evaluación continua de la calidad, eficacia, equidad y eficiencia del sistema, así como indicadores sobre resultados de aprendizaje, inserción laboral y satisfacción, por lo que esta propuesta encaja directamente con el artículo 51. Se propone añadir al artículo 51 una redacción similar a la siguiente:

La evaluación del Sistema de Formación Profesional incluirá indicadores específicos sobre el impacto real de la Formación en Empresa u organismo equiparado, valorando no solo el número de alumnado participante, sino también el grado de aprovechamiento de la estancia, la adquisición de resultados de aprendizaje, la satisfacción del alumnado, empresas y profesorado, la incidencia en la titulación, la repetición y el abandono, la inserción laboral posterior, las incidencias producidas y la adecuación entre la actividad desarrollada en la empresa y el perfil profesional del ciclo formativo.

También se propone que el Título VII incorpore una plataforma autonómica única para la gestión integral de la Formación en Empresa. Esta herramienta permitiría reducir la carga burocrática, homogeneizar procedimientos y mejorar la coordinación entre Administración, centros, empresas y alumnado. Se propone añadir una redacción similar a la siguiente:

La Administración educativa impulsará una plataforma autonómica única para la gestión integral de la Formación en Empresa, que permita homogeneizar procedimientos, reducir cargas administrativas y mejorar la coordinación entre Administración, centros, empresas, organismos equiparados y alumnado. Esta plataforma incluirá, al menos, el registro de empresas colaboradoras, la asignación de alumnado, la generación de documentación, el seguimiento de la estancia, la comunicación entre las partes, el registro de incidencias, la evaluación y el histórico de colaboraciones.

Junto a ello, se propone crear una base autonómica o provincial de empresas colaboradoras, accesible para los centros y organizada por provincia, localidad, familia profesional, perfiles demandados, plazas disponibles, periodos formativos y valoración de experiencias anteriores. Se propone añadir una redacción similar a la siguiente:

La Administración educativa mantendrá una base autonómica o provincial actualizada de empresas y organismos colaboradores con la Formación Profesional, accesible para los centros sostenidos con fondos públicos, que permita conocer las entidades disponibles por provincia, localidad, familia profesional, perfiles profesionales, plazas ofertadas, periodos de colaboración, histórico de participación, valoración de experiencias previas e incidencias relevantes.

En relación con los servicios de prospección empresarial, se propone redefinir el papel de los actuales prospectores de Formación Profesional. Si existen 20 prospectores en las delegaciones provinciales, su función no debería limitarse a actuar como apoyo puntual cuando los centros no encuentran empresas, sino configurarse como un servicio estructural, activo, planificado y evaluable. La captación de empresas, el mantenimiento de contactos, la actualización de convenios y la detección de plazas disponibles requieren una labor continuada, territorial y especializada. Se propone añadir una redacción similar a la siguiente:

Los servicios de prospección empresarial de Formación Profesional se configurarán como un servicio especializado, activo y planificado, encargado de la búsqueda, captación, mantenimiento y distribución de empresas y organismos colaboradores para la Formación en Empresa. Estos servicios actuarán de forma coordinada con las delegaciones provinciales, los centros educativos y el tejido productivo, anticipándose a las necesidades de plazas por familia profesional, territorio y periodo formativo, evitando duplicidades entre centros y favoreciendo una distribución equilibrada de oportunidades.

Desde una perspectiva de eficiencia, esta medida permitiría que el profesorado tutor centre su horario en las funciones de mayor valor pedagógico: seguimiento del alumnado, coordinación formativa con la empresa, evaluación de resultados de aprendizaje y atención a incidencias educativas. Las tareas de prospección sistemática podrían ser asumidas por personal técnico o administrativo especializado, con objetivos medibles y con menor coste relativo para la Administración. Además, se propone que la actividad de los prospectores sea evaluada mediante indicadores de transparencia, eficacia y eficiencia económica. La finalidad no sería fiscalizadora, sino de mejora del sistema, planificación de recursos y rendición de cuentas. Se propone añadir al artículo 51 una redacción similar a la siguiente:

La evaluación del sistema incluirá indicadores sobre la actividad de los servicios de prospección empresarial, entre ellos el número de empresas contactadas, empresas incorporadas efectivamente como colaboradoras, convenios impulsados, centros beneficiados, familias profesionales atendidas, alumnado asignado a empresas localizadas por dichos servicios, horas de Formación en Empresa cubiertas, distribución provincial de actuaciones, incidencias detectadas, continuidad de la colaboración empresarial, sectores con déficit de plazas y estimación de horas docentes liberadas en los centros.

En relación con el Título VIII, relativo a la financiación, se propone que la dotación económica no quede formulada de manera genérica. El artículo 54 establece que la Comunidad Autónoma garantizará la financiación del sistema para el cumplimiento de los objetivos de la Ley, pero sería conveniente concretar que dicha financiación debe atender a la complejidad real de los centros y a las necesidades específicas de la Formación Profesional. Se propone modificar el artículo 54 con una redacción similar a la siguiente:

La financiación del Sistema de Formación Profesional de Castilla-La Mancha tendrá en cuenta la complejidad real de los centros que imparten Formación Profesional, especialmente en aquellos con elevado número de ciclos, grupos, turnos, alumnado, modalidad virtual, empresas colaboradoras, procedimientos de acreditación de competencias, proyectos de innovación o equipamientos técnicos específicos. Reglamentariamente se establecerán criterios objetivos de financiación diferenciada para garantizar los recursos humanos, económicos, tecnológicos y administrativos necesarios.

Asimismo, se propone que el artículo 54 contemple expresamente el apoyo administrativo específico para centros con amplia oferta de FP. La Formación Profesional genera una carga administrativa muy elevada: convenios, documentación de Formación en Empresa, seguros, transporte, plataformas, certificaciones, acreditación de competencias, relación con empresas y seguimiento de proyectos. Se propone añadir una redacción similar a la siguiente:

Los centros sostenidos con fondos públicos que impartan una oferta amplia de Formación Profesional dispondrán de apoyo administrativo específico o personal adicional para la gestión de estas enseñanzas, atendiendo al volumen de alumnado, ciclos, grupos, empresas colaboradoras, modalidades de enseñanza, procedimientos de acreditación de competencias, Formación en Empresa y proyectos vinculados al Sistema de Formación Profesional.

    Ruego sea valorado el establecimiento de un procedimiento que facilite la adquisición de productos a través de plataformas de compra en línea, especialmente en aquellos casos en los que dichos productos no se encuentren disponibles en establecimientos físicos o presenten diferencias de precio significativamente superiores.

Con respecto al Título VII Factores de calidad en Formación Profesional, añadiría un nuevo artículo que contemplase el bienestar emocional, además de todos los aspectos que engloban el resto de artículos. La razón es la siguiente: varias especialidades de formación profesional se basan en la enseñanza aprendizaje para ofrecer servicios a las personas y tienen su fin más importante en conseguir que éstas se sientan mejor, como ocurre por ejemplo con los ciclos formativos de Imagen Personal, que no sólo enseñan a mejorar el aspecto exterior del ser humano, sino que el impacto más positivo se consigue en el interior.  Por tanto, no dejaría de incluir el bienestar emocional como uno de los contenidos para poder desarrollar la calidad en Formación Profesional, formando a profesionales que potencien ese aspecto básico para una sociedad de futuro, cumpliendo con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, como ya sabemos. Ese bienestar emocional es la base para la consecución de muchas otras cosas. Por lo menos debe incluirse como uno de los puntos que recogen las resoluciones para poder presentar proyectos de innovación, no sólo el aspecto "digital" sino también el del bienestar emocional.

Propuesta 1 (Art. 36. Red de Orientación): Reconocer la capacidad de orientación de los centros privados del ámbito laboral Modificación Art. 36.1: "Añadir letra g): Los centros privados de formación profesional autorizados, los cuales actuarán como nodos de proximidad para la información, pre-orientación y derivación de trabajadores ocupados y desempleados'.". Propuesta 2 (Art. 52. Garantía de Calidad): Inspección adecuada a la realidad de los centros privados del ámbito laboral, no puramente escolar. Modificación Art. 52.3: "La inspección, supervisión y control de los centros privados se regirá por protocolos específicos adaptados a la naturaleza de la formación laboral, evaluando prioritariamente indicadores de inserción profesional, adecuación a la demanda empresarial y satisfacción del alumnado, evitando cargas burocráticas análogas a la enseñanza secundaria obligatoria'."

Desde el punto de vista de quien trabaja en el aula, este título plantea un desarrollo muy ambicioso en aspectos como la orientación, la innovación o la calidad del sistema, pero vuelve a quedarse en un plano bastante teórico. Se definen muchas líneas de actuación y principios generales, pero no se concreta con claridad cómo se van a aplicar en la práctica ni con qué recursos reales contarán los centros.  En el caso de la orientación profesional, por ejemplo, se plantea como un servicio integral y personalizado, pero no se especifica cómo se va a garantizar esa atención individualizada ni si habrá suficiente personal para llevarla a cabo de forma efectiva. Algo similar ocurre con los itinerarios personalizados y los procesos de acreditación de competencias, que pueden ser útiles, pero cuya gestión puede suponer una carga añadida considerable si no se organiza bien.  Por otra parte, la insistencia en la innovación, la digitalización o el emprendimiento resulta positiva, pero poco realista si no viene acompañada de una reducción de tareas, de formación práctica y de una dotación clara de medios. En muchos casos, parece que se añaden nuevas funciones sin tener en cuenta la situación real del profesorado. 

Este texto normativo presenta un modelo de Formación Profesional muy ambicioso en lo teórico, pero poco realista en su aplicación práctica. Como docente de FP, echo en falta concreción, recursos y medidas reales que permitan llevarlo a cabo. Se habla continuamente de orientación personalizada, innovación, coordinación y calidad, pero sin reducir carga lectiva ni burocrática, ni aumentar el personal o los medios en los centros. Además, la implicación del tejido empresarial se da por supuesta cuando en muchos contextos es limitada. En definitiva, se exige mucho al profesorado y al sistema sin garantizar las condiciones necesarias, lo que puede acabar convirtiendo estas propuestas en meras declaraciones de intenciones. Sería imprescindible acompañar esta normativa de financiación clara, reducción de ratios, más personal de apoyo y medidas concretas aplicables en el día a día de los centros.

Este texto normativo plantea un modelo de Formación Profesional muy completo en lo teórico, pero nuevamente alejado de la realidad de los centros. Se insiste en la orientación personalizada, la innovación, la internacionalización y la calidad del sistema, pero sin concretar cómo se llevarán a cabo estas medidas en el día a día. Se amplían funciones (orientación, acreditación de competencias, proyectos de innovación, evaluación continua…) sin una reducción de carga lectiva ni un refuerzo claro de recursos humanos y materiales. Además, la coordinación entre sistemas y la implicación de las empresas se presentan como algo natural, cuando en muchos contextos —especialmente en zonas rurales— siguen siendo limitadas. La evaluación continua y los mecanismos de calidad pueden acabar aumentando la burocracia sin garantizar mejoras reales. En definitiva, se trata de una normativa bien orientada en sus objetivos, pero poco operativa, que corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones si no va acompañada de financiación concreta, reducción de ratios y un apoyo efectivo al profesorado.