La buena práctica administrativa y los principios de accesibilidad, transparencia y participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, aconsejan, a través de este Portal de Participación, sustanciar consulta pública con carácter previo a la elaboración de anteproyectos y proyectos de ley y reglamentos, dando asimismo aplicación al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de febrero de 2022, por el que se dictan instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa.
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Antecedentes de la norma:En cuanto a la agricultura familiar, como precedente, figuraba la referencia a este tipo de explotación en la Ley 49/1981, de 24 de diciembre, del Estatuto de la explotación familiar agraria y de los agricultores jóvenes ya derogada por la Ley 19/95, de 4 de julio, de modernización de explotaciones agrarias, que introduce el concepto de explotación familiar, a partir del cual , se pretende desarrollar regulación que las fomente como uno de los instrumentos del desarrollo económico en el medio rural de Castilla-La Mancha y en definitiva la creación de nuevas explotaciones agrarias que contribuyan a fijar población en el medio rural de esta región.
Siendo la forma agraria predominante en el sector de producción de alimentos. A través de esta práctica, las personas agricultoras administran sus tierras para sostener niveles notablemente altos de productividad a pesar de tener un menor acceso a recursos productivos, como insumos, y un menor apoyo. La mayoría de los estudios muestran una relación inversa entre el tamaño de la tierra y la productividad.
Por ello las personas dedicadas a la agricultura familiar son las custodias de un conocimiento muy bien adaptado a la ecología local y a la capacidad de la tierra. A través de los conocimientos sostienen la productividad en tierras, a menudo marginales, a través de técnicas de manejo complejas e innovadoras. Como resultado del profundo conocimiento que tienen de su tierra y de su capacidad de gestionar de forma sostenible los diversos paisajes, la agricultura familiar es capaz de dinamizar y mejorar muchos servicios ecosistémicos.
Hay una serie de factores que son clave para un desarrollo de la agricultura familiar exitoso, entre los que se encuentran las condiciones agroecológicas y las características territoriales, el acceso a los mercados, a la tierra y a los recursos naturales, así como a la tecnología, a los servicios de extensión y a la financiación; las condiciones demográficas, económicas y socioculturales y la disponibilidad de formación especializada. Se necesitan intervenciones selectivas en las políticas agrarias, ambientales y sociales en apoyo de la agricultura familiar con el fin de lograr cambios tangibles y mejoras sostenibles.
Se pretende así introducir la regulación del Fondo de Tierras Disponibles de Castilla-La Mancha, que se configurará como un registro administrativo de carácter público gestionado por la Consejería competente en materia agraria, que pretende constituirse en un instrumento que facilite la puesta en contacto entre la oferta y la demanda de parcelas agrarias, cultivadas o cultivables, ubicadas en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para asegurar la puesta en valor de las parcelas agrarias abandonadas o en previsión de abandono asegurar la continuidad de las explotaciones agrarias, como instrumento básico del desarrollo económico en el medio rural y en definitiva la creación de nuevas explotaciones agrarias que contribuyan a fijar población en el medio rural.
Igualmente, se pretende la delimitación de Zonas de Protección Agraria, previéndose que se efectuará la Declaración de Zona de Protección Agraria para aquellos ámbitos territoriales de la comunidad autónoma en los que el ejercicio o mantenimiento de la actividad agraria constituyan factores de gran relevancia de cara a la funcionalidad y cohesión económica, ambiental y social del territorio.
Principalmente en zonas en que el abandono generalizado de la actividad agrícola que tradicionalmente están dedicadas a estas actividades y que dicho abandono pueda contribuir a consolidar procesos de erosión y desertificación de los suelos y/o a la desaparición o degradación de comunidades rurales. También zonas cuyo aprovechamiento agrícola pueda ser mejorado mediante la introducción de nuevos cultivos o la reconversión de los existentes; la consecución de explotaciones con dimensiones más idóneas o la realización de obras, infraestructuras y dotaciones y equipamientos que incrementen la calidad de vida de los pobladores de las comunidades rurales, favorezcan las comunicaciones agrícolas y minoren el coste económico de las actividades agrarias. Y cuando ante el riesgo de su desaparición o degradación, resulte necesaria la protección de los paisajes agrarios y de las instalaciones y los modos de vida asociados a la actividad agraria
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha necesita dotarse de una norma ambiciosa, en forma de Ley, que regule, ampare, propicie y potencie las vías de actuación para conseguir los objetivos indicados toda vez que el sector no dispone de una norma con rango de ley para regular, actualizar y aprovechar todo el potencial de esta agricultura y luchar contra la despoblación y el desarrollo rural.
Es por todo ello por lo que se necesita un entorno normativo adecuado. Esto debe incluir un mayor reconocimiento de sus múltiples contribuciones y externalidades positivas, admitirlas y reflejarlas en los diálogos y las políticas.
Los objetivos básicos que han de regir las actuaciones públicas de las administraciones de Castilla-La Mancha en materia de agricultura familiar, Fondo de tierras y Zonas de Protección Agraria serán los siguientes:
a) Crear un entorno propicio para fortalecer la agricultura familiar
b) Apoyar a los jóvenes y asegurar la sostenibilidad generacional de la agricultura familiar.
c) Mejorar la inclusión socioeconómica, la resiliencia y el bienestar de los agricultores familiares y los hogares y comunidades rurales.
d) Promover la sostenibilidad de la agricultura familiar para conseguir sistemas alimentarios resilientes al cambio climático.
e) Fortalecer la multidimensionalidad de la agricultura familiar para lograr innovaciones sociales que contribuyan al desarrollo territorial y a sistemas alimentarios que salvaguarden la biodiversidad, el medio ambiente y la cultura.
f) Definir las zonas de Protección Agraria.
g) Crear el Fondo de Tierras Disponibles en Castilla-La Mancha.
Las alternativas a esta propuesta, podrían ser normas estratégicas o de planificación, no considerándose las más adecuadas toda vez que lo que se pretende es reconocer y establecer derechos anudados al estatuto de explotación agraria familiar, y con los instrumentos de planificación no es posible.
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- Promover la sostenibilidad de la agricultura familiar para conseguir sistemas alimentarios que ayuden a frenar el cambio climático. Creando cooperativas agrícolas o minicooperativas en los pequeños pueblos para que puedan comercializar los excedentes del autoconsumo de sus huertas.
- Ayudar a estas cooperativas con financiación adecuada, ayuda técnica para gestionar las cooperativas, ayudas en la compra de maquinaria agraria (rotobator, siembra/saca patatas, trituradoras de restos vegetales, etc.)
- Proponemos que en la futura Ley de Agricultura Familiar se recoja expresamente al cooperativismo agroalimentario como una forma de ayudar al mantenimiento de los pequeños agricultores y asegurar que las tierras continúen en explotación en muchos pueblos de nuestra región en los que, de no ser por la existencia de una cooperativa que recoge, transforma y comercializa la producción agropecuaria, la agricultura en general y, particularmente, la familiar, habría desaparecido.
- En este sentido, creemos muy importante a la vez que estratégico, fomentar la creación de secciones de cultivo en el marco de las cooperativas, de manera que aquellas tierras abandonadas o en riesgo de abandono, así como aquellas explotaciones de socios de cooperativas que cesan en su actividad y no tienen relevo generacional, puedan seguir cultivándose y, sobre todo, que queden dentro del ámbito de la cooperativa a fin de asegurar la competitividad y rentabilidad de la misma.
- Esta es una medida estratégica desde el momento que vemos que una alta proporción de los agricultores y socios de nuestras cooperativas son personas mayores de 60 años (en bastantes casos superando el 80% de la masa social). Eso nos coloca en la tesitura de que en un horizonte temporal de 15-20 años, la gran mayoría de las cooperativas estarán en riesgo de desaparición ante la drástica bajada de su actividad productiva y económica, si las explotaciones de sus socios se abandonan o salen del ámbito de la cooperativa. Por ello, es imprescindible que se lleven a cabo políticas para paliar esta situación desde el propio sector y con políticas activas desde la administración.
- La tierra que el socio de avanzada edad deja, probablemente no quede baldía (aunque habrá casos en que sí), pero existe un gran peligro de que no siga en los efectivos productivos de la cooperativa. Es decir, el peligro de “des-integración” de las producciones cooperativas es real y preocupante (se desharía una integración comercial que ha costado mucho tiempo y esfuerzo conseguir), salvo que desde ya diseñemos y empecemos a implementar servicios de cultivo en común, secciones de cultivo etc.
- La existencia de políticas públicas de apoyo a esta creación de servicios (que ya existieron en la antigua Orden FOCOOP hace años) seguro movilizarían nuevos proyectos, tal y como las ayudas de AAPPa han movilizado integraciones.
- Las posibilidades apoyar con fondos públicos la puesta en marcha de estas secciones de cultivo cooperativas con fondos europeos debemos buscarlas en el texto de la normativa europea de Desarrollo Rural, cuyo diseño seguro permite varias perchas para su implementación en el PDR regional.