La buena práctica administrativa y los principios de accesibilidad, transparencia y participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, aconsejan, a través de este Portal de Participación, sustanciar consulta pública con carácter previo a la elaboración de anteproyectos y proyectos de ley y reglamentos, dando asimismo aplicación al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de febrero de 2022, por el que se dictan instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa.
Fase de Inicio
A través de este espacio se pretende:
-Que la ciudadanía tenga conocimiento de los procesos de elaboración de normas que se están llevando a cabo por los distintos órganos gestores de la Administración regional y posibilitar su participación.
-Ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de realizar sus aportaciones mediante un cuestionario de respuesta abierta.
-Determinar de forma clara los requerimientos para hacer efectiva la participación para que de una forma homogénea se recoja toda la información al respecto.
-Impulsar canales de participación que permitan interactuar y facilitar el diálogo entre la Administración y la ciudadanía.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, declara en su exposición de motivos que uno de sus objetivos es incrementar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas. En concreto el artículo 133 regula la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, señalando respecto a la consulta pública previa una serie de pautas a seguir:
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Cuando: Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento
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Como: A través del portal web de la Administración competente se recabarán las aportaciones ciudadanas.
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Quienes: Aportaciones de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
- La necesidad y oportunidad de su aprobación.
- Los objetivos de la norma.
- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
En este sentido, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, mediante Acuerdo de 1 de febrero de 2022, adoptó instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa.
Fase de Participación
Antecedentes de la norma:La Constitución Española en el artículo 44.2, determina que los poderes públicos deben promover la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general, para, en el artículo 149.1.15, asignar la competencia exclusiva al Estado en el fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica y, en el artículo 148.1.17, permitir a las Comunidades Autónomas el fomento de la misma entre otras competencias.
Por otra parte, el artículo 31.1.17 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha establece que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume competencias exclusivas en el fomento de la cultura y de la investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 2 del artículo 149 de la Constitución. Además, en el artículo 37.3 del mencionado Estatuto, se abunda en que en el ejercicio de sus competencias, la Comunidad Autónoma fomentará la investigación, especialmente la referida a materias o aspectos peculiares de Castilla-La Mancha.
Asimismo, la Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha establece entre sus objetivos generales el fomentar el desarrollo en la Región de una economía basada en el conocimiento y la innovación, que haga un uso eficiente de los recursos y fomente la cohesión social y territorial.
La investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación son, sin lugar a dudas, pilares fundamentales para el progreso de cualquier sociedad en el mundo actual. Estos elementos no solo son motores de avance económico, sino también de mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, permitiendo el desarrollo de soluciones para los desafíos sociales, medioambientales y de salud que enfrentamos.
Castilla-La Mancha debe fomentar la colaboración entre el sistema público de ciencia y la innovación y el tejido productivo, compuesto por empresas e industrias que son las encargadas de aplicar y comercializar los avances científicos y tecnológicos. Esta cooperación no solo optimiza los recursos disponibles, sino que también promueve la transferencia de conocimiento, la mejora de la competitividad empresarial y el fortalecimiento del capital humano, dos elementos cruciales para alcanzar el desarrollo económico sostenible.
Además, la inversión en ciencia y tecnología contribuye de manera directa a la generación de empleo cualificado y a la diversificación económica de la región, haciendo que Castilla-La Mancha sea más resiliente ante crisis económicas o cambios globales.
Es fundamental que las políticas públicas de la región impulsen esta cooperación, creando el entorno adecuado para el fomento de la investigación y la innovación. Además, promover la formación de talento y la inversión en I+D+i no solo contribuirá a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, sino que también posicionará a Castilla-La Mancha como una región líder en innovación dentro de España y Europa.
Dada la inexistencia, corresponde a la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación consensuar una hoja de ruta para sentar las bases de una economía del conocimiento. Se trata de un Pacto por la Ciencia, un pacto abierto a la colaboración de toda la sociedad que facilita los recursos para sentar las bases de una investigación e innovación a la altura de las necesidades presentes y futuras de nuestra región.
Se propone un Pacto por la Ciencia que contemple los aspectos básicos y evaluables que ha de asumir la acción política en cuanto a recursos, organización del sistema y personas. El propósito principal es incrementar de forma razonable la inversión pública necesaria tanto en ciencia (centros de investigación, universidades y otros actores del sistema) como en innovación, para alcanzar la media de inversión de la UE en I+D+I. Este es un objetivo de mínimos ampliamente consensuado entre todos los actores económicos, sociales y políticos, convergiendo también en la distribución de la inversión de I+D+I entre el sector público y el privado.
Además del incremento de recursos, se debe asegurar el relevo generacional y la atracción y retención de talento, así como garantizar el principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres e impulsar proyectos innovadores en zonas afectadas por la despoblación.
La concertación de un Pacto por la Ciencia debe ser un esfuerzo colectivo y multidimensional, que involucre a todos los sectores de la sociedad, tanto al sector público como al sector privado, así como a otros actores clave como universidades, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, y la ciudadanía en general. Esta colaboración es fundamental para crear un entorno más favorable para la investigación y la innovación, favoreciendo a su ver el progreso económico y social de Castilla-La Mancha.
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