La buena práctica administrativa y los principios de accesibilidad, transparencia y participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, aconsejan, a través de este Portal de Participación, sustanciar consulta pública con carácter previo a la elaboración de anteproyectos y proyectos de ley y reglamentos, dando asimismo aplicación al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de febrero de 2022, por el que se dictan instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa.
Fase de Inicio
A través de este espacio se pretende:
-Que la ciudadanía tenga conocimiento de los procesos de elaboración de normas que se están llevando a cabo por los distintos órganos gestores de la Administración regional y posibilitar su participación.
-Ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de realizar sus aportaciones mediante un cuestionario de respuesta abierta.
-Determinar de forma clara los requerimientos para hacer efectiva la participación para que de una forma homogénea se recoja toda la información al respecto.
-Impulsar canales de participación que permitan interactuar y facilitar el diálogo entre la Administración y la ciudadanía.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, declara en su exposición de motivos que uno de sus objetivos es incrementar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas. En concreto el artículo 133 regula la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, señalando respecto a la consulta pública previa una serie de pautas a seguir:
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Cuando: Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento
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Como: A través del portal web de la Administración competente se recabarán las aportaciones ciudadanas.
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Quienes: Aportaciones de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
- La necesidad y oportunidad de su aprobación.
- Los objetivos de la norma.
- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
En este sentido, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, mediante Acuerdo de 1 de febrero de 2022, adoptó instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa.
Fase de Participación
Antecedentes de la norma:La Consejería de Fomento pretende iniciar el procedimiento para la elaboración de un anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Castilla-La Mancha, con el fin de establecer un marco normativo integral que garantice el ejercicio efectivo del derecho a una movilidad segura, accesible, sostenible, eficiente y equitativa para toda la ciudadanía de la región.
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ostenta competencias exclusivas en materia de transportes terrestres que discurran íntegramente por su territorio, de acuerdo con el artículo 31.1.4ª del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto. Asimismo, posee competencias en materias estrechamente relacionadas con la movilidad, como ordenación del territorio, urbanismo, carreteras, medio ambiente, desarrollo rural y cohesión territorial.
El contexto actual de transición ecológica, digitalización, lucha contra la despoblación y mejora de la cohesión social exige la adopción de un nuevo marco legal que permita planificar y gestionar la movilidad desde una perspectiva integrada. Del mismo modo, la reciente aprobación de la Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible, establece un nuevo marco estratégico estatal que impulsa a las administraciones públicas a desarrollar políticas coherentes de movilidad sostenible, resiliente e inclusiva.
Asimismo, la singular configuración territorial de Castilla-La Mancha, caracterizada por una extensa superficie, una baja densidad de población en amplias zonas del territorio y la existencia de municipios dispersos con elevados índices de envejecimiento y riesgo de despoblación, exige desarrollar soluciones de movilidad adaptadas a las necesidades reales de la ciudadanía. En este contexto, adquieren especial relevancia los modelos de movilidad rural y los servicios de transporte público flexible, especialmente el transporte sensible a la demanda, como instrumentos esenciales para garantizar el acceso en condiciones de igualdad a servicios públicos, centros sanitarios, educativos, administrativos y oportunidades de empleo.
Castilla-La Mancha carece actualmente de una norma con rango legal que aborde de forma integral las políticas públicas de movilidad sostenible en el ámbito autonómico. Esta situación genera diversas limitaciones que dificultan una respuesta eficaz a los desafíos actuales y futuros.
Entre los principales problemas identificados destacan:
• La ausencia de un marco legal autonómico que establezca objetivos, principios y criterios comunes para la planificación de la movilidad sostenible.
• Las dificultades de acceso a los servicios esenciales por parte de la población residente en zonas rurales y áreas afectadas por procesos de despoblación.
• La necesidad de reforzar la coordinación entre las políticas de transporte, ordenación territorial, urbanismo, medio ambiente y desarrollo económico.
• La insuficiente integración de los distintos modos de transporte y de las soluciones de movilidad compartida, activa y de bajas emisiones.
• La falta de instrumentos específicos para impulsar la digitalización de los servicios de movilidad y el uso de datos para la toma de decisiones.
• La necesidad de avanzar en la descarbonización del sistema de transporte, principal sector emisor de gases de efecto invernadero en la región.
• La inexistencia de obligaciones homogéneas para la planificación de la movilidad sostenible por parte de las diferentes administraciones públicas.
• La carencia de un marco normativo específico que regule nuevas fórmulas de movilidad adaptadas al medio rural, incluyendo servicios flexibles y transporte sensible a la demanda.
• La necesidad de garantizar la accesibilidad universal y la igualdad efectiva de oportunidades en el acceso a la movilidad.
La ausencia de una regulación integral dificulta la consecución de los objetivos de sostenibilidad ambiental.
La aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible de Castilla-La Mancha resulta necesaria y oportuna por las siguientes razones:
• Permite dotar a la Comunidad Autónoma de un marco estable que oriente las políticas públicas de movilidad durante las próximas décadas.
• Facilita la adaptación de la normativa autonómica a los principios establecidos en la Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible.
• Contribuye al cumplimiento de los compromisos nacionales y europeos en materia de reducción de emisiones, eficiencia energética y lucha contra el cambio climático.
• Refuerza la cohesión territorial mediante el reconocimiento de la movilidad como un elemento esencial para garantizar la igualdad de oportunidades entre entornos urbanos y rurales.
• Favorece la implantación de nuevos modelos de transporte público más flexibles y eficientes adaptados a las características demográficas de Castilla-La Mancha.
• Proporciona seguridad jurídica a administraciones públicas, operadores, empresas y personas usuarias.
• Impulsa la digitalización y la utilización de tecnologías inteligentes aplicadas a la gestión de la movilidad.
• Permite establecer mecanismos de gobernanza y coordinación entre administraciones públicas y agentes del sector.
• Facilita la captación de recursos procedentes de fondos europeos y programas estatales vinculados a la movilidad sostenible.
Asimismo, la iniciativa se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, respondiendo a razones de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
La aprobación de la ley permitirá, además, dotar de cobertura jurídica estable al modelo de transporte sensible a la demanda impulsado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, consolidándolo como una herramienta estratégica para garantizar el acceso a la movilidad de los habitantes del medio rural, incrementar la eficiencia de los recursos públicos y contribuir a los objetivos de cohesión territorial y lucha contra la despoblación.
La futura Ley de Movilidad Sostenible de Castilla-La Mancha perseguirá, entre otros, los siguientes objetivos:
• Reconocer y garantizar el derecho de la ciudadanía a una movilidad sostenible, segura, accesible y asequible.
• Configurar un sistema integrado de movilidad para todo el territorio regional.
• Establecer los principios rectores de las políticas públicas de movilidad sostenible.
• Impulsar la movilidad de bajas emisiones y la descarbonización progresiva del sistema de transporte.
• Favorecer la movilidad activa, especialmente los desplazamientos peatonales y ciclistas.
• Potenciar el transporte público colectivo como eje vertebrador de la movilidad regional.
• Promover soluciones innovadoras de movilidad en el medio rural y en las zonas afectadas por despoblación.
• Impulsar el transporte sensible a la demanda y otros modelos flexibles de transporte público.
• Garantizar la accesibilidad universal y la movilidad inclusiva para todas las personas.
• Establecer instrumentos de planificación autonómica y local de movilidad sostenible.
• Fomentar la intermodalidad y la integración física, tecnológica y tarifaria entre los distintos modos de transporte.
• Impulsar la digitalización, la gestión inteligente de la movilidad y el uso de datos abiertos.
• Crear mecanismos de gobernanza, participación ciudadana y coordinación institucional.
• Mejorar la resiliencia del sistema de transporte ante situaciones de emergencia y cambios económicos o ambientales.
• Favorecer la competitividad económica y la conectividad de los territorios mediante una movilidad eficiente y sostenible.
• Impulsar infraestructuras y servicios que contribuyan a la reducción de emisiones y al cumplimiento de los objetivos climáticos.
• Impulsar la movilidad rural sostenible y garantizar la conectividad territorial.
Se han considerado, entre otras, las siguientes posibles alternativas:
1. Mantener la situación actual
Mantener el actual marco normativo sin aprobar una ley específica de movilidad sostenible.
Alternativa descartada, al no permitir abordar de forma integral los retos actuales de movilidad, sostenibilidad, digitalización y cohesión territorial.
2. Aprobar únicamente instrumentos de planificación o estrategias administrativas
Desarrollar estrategias, planes o programas de movilidad sin respaldo legal específico.
Alternativa descartada, debido a su limitada capacidad normativa y a la falta de seguridad jurídica para garantizar su continuidad y aplicación efectiva.
3. Modificar parcialmente la normativa sectorial existente
Introducir cambios puntuales en la legislación autonómica sobre transportes, carreteras u otras materias relacionadas.
Alternativa descartada, por resultar insuficiente para afrontar los cambios estructurales que requiere el sistema de movilidad regional.
4. Aprobar una Ley de Movilidad Sostenible de Castilla-La Mancha
Establecer un marco normativo integral que ordene las políticas públicas de movilidad desde una perspectiva transversal y sostenible.
Alternativa elegida, por ser la opción más eficaz para garantizar una planificación coordinada, promover la movilidad sostenible, reforzar la cohesión territorial y adaptar la realidad de Castilla-La Mancha al nuevo marco estatal y europeo
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