La buena práctica administrativa y los principios de accesibilidad, transparencia y participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, aconsejan, a través de este Portal de Participación, sustanciar consulta pública con carácter previo a la elaboración de anteproyectos y proyectos de ley y reglamentos, dando asimismo aplicación al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de febrero de 2022, por el que se dictan instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa.
Fase de Inicio
A través de este espacio se pretende:
-Que la ciudadanía tenga conocimiento de los procesos de elaboración de normas que se están llevando a cabo por los distintos órganos gestores de la Administración regional y posibilitar su participación.
-Ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de realizar sus aportaciones mediante un cuestionario de respuesta abierta.
-Determinar de forma clara los requerimientos para hacer efectiva la participación para que de una forma homogénea se recoja toda la información al respecto.
-Impulsar canales de participación que permitan interactuar y facilitar el diálogo entre la Administración y la ciudadanía.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, declara en su exposición de motivos que uno de sus objetivos es incrementar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas. En concreto el artículo 133 regula la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, señalando respecto a la consulta pública previa una serie de pautas a seguir:
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Cuando: Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento
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Como: A través del portal web de la Administración competente se recabarán las aportaciones ciudadanas.
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Quienes: Aportaciones de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
- Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
- La necesidad y oportunidad de su aprobación.
- Los objetivos de la norma.
- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
En este sentido, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, mediante Acuerdo de 1 de febrero de 2022, adoptó instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa.
Fase de Participación
Antecedentes de la norma:Con fecha 9 de abril de 2022 se publicó la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establece un marco normativo para la gestión de residuos en España. Además, el Plan de Residuos de Castilla-La Mancha 2030, aprobado mediante Decreto 35/2024, de 2 de julio, establece las directrices y objetivos para la gestión de residuos en la región, incluyendo los residuos de construcción y demolición (RCD).
El flujo de los residuos de construcción y demolición (RCD) representa aproximadamente el 34,2% de los residuos generados en Castilla-La Mancha, según el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2030. Este flujo de residuos tiene un elevado potencial de valorización material, ya sea para la fabricación de áridos reciclados que puedan volver a introducirse en obras de construcción o para su empleo como material de relleno en espacios degradados.
El Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2030 establece que la cantidad de RCD destinados a la preparación para la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, deberá alcanzar como mínimo el 70% en peso de los producidos, destinándose como máximo el 30% a operaciones de eliminación. Sin embargo, actualmente solo el 5,8% de los RCD son reciclados para su reutilización en aplicaciones constructivas, mientras que el 39% de los residuos de construcción generados se eliminan en vertedero. Esto indica una necesidad urgente de mejorar la gestión y valorización de los RCD en la región.
El Plan también destaca la importancia de fomentar la economía circular en el sector de la construcción, promoviendo la utilización de materiales reciclados y reduciendo la dependencia de materias primas naturales. Para ello, se propone la implantación de acciones destinadas a incorporar materiales y productos reciclados en los procesos de producción en las empresas del sector industrial y construcción, así como el uso de materiales reciclados en las construcciones.
La gestión de los residuos de construcción y demolición presenta desafíos específicos debido a su volumen y composición. La nueva norma pretende:
- Facilitar la reutilización y reciclaje de los RCD.
- Evitar el abandono ilegal de residuos de construcción y demolición en el medio.
- Promover la economía circular en el sector de la construcción.
La aprobación de esta norma es necesaria para:
- Cumplir con los objetivos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- Mejorar las tasas de reciclaje y valorización de los RCD.
- Fomentar la compra pública verde y la utilización de materiales reciclados en la construcción.
- Activar el uso de áridos reciclados en las obras públicas promovidas por la administración autonómica.
El proyecto de decreto tiene por objeto regular el procedimiento para otorgar el fin de condición de residuo (FCR) a los residuos de construcción y demolición (RCD), establecer los requisitos técnicos para la gestión de los RCD, promover la compra pública verde en el sector de la construcción y establecer un porcentaje mínimo de áridos reciclados en obra pública.
Podría optarse por una alternativa no regulatoria, como guías de buenas prácticas o recomendaciones. Sin embargo, dado que la gestión de los RCD está sujeta a autorización por la Ley 7/2022, de 8 de abril, se considera necesario el desarrollo normativo de los requisitos específicos para el uso de estos residuos en el mercado (público-privado).
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