Consulta Pública Previa sobre la elaboración de un anteproyecto de Ley de simplificación administrativa de Castilla-La Mancha

La actualización de la regulación administrativa en materia de simplificación y agilización trae su origen primeramente de la aprobación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, que establece una serie de principios simplificadores que redundan en una mejor prestación de los servicios públicos para la ciudadanía.

Dichos principios fueron asumidos por el Estado mediante la aprobación, primero, del Manual de simplificación administrativa y reducción de cargas para la Administración General del Estado, y después por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por una extensa normativa estatal en materia de simplificación y agilización procedimental  y la creación de un modelo de gobernanza pública para su regulación y supervisión.

En este sentido, Castilla-La Mancha ha procedido a trasladar los mentados principios simplificadores a su ámbito competencial, para lo que viene elaborando desde el año 2016 un plan anual de simplificación y reducción de cargas administrativas que se ejecuta a través de numerosas actuaciones en todos los ámbitos de la Administración regional. 

En la misma línea, desde hace varios años se han realizado modificaciones de la normativa sectorial, al objeto de reducir las cargas administrativas para el administrado y conseguir una mayor eficiencia en las relaciones entre la Administración, la ciudadanía y el tejido empresarial y social de la región.  

Entre las normas elaboradas con este fin, cabe destacar la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación, así como la Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la Administración y otras medidas administrativas.

La futura norma tiene por objeto ahondar en el proceso ya iniciado, creando una Administración moderna, más dinámica y centrada en asistir a la ciudadanía, actualizando la organización y funcionamiento de la Administración, dentro de las competencias que le asisten, conforme lo estipulado en el artículo 148.º de la Constitución Española y el artículo 31, apartados 1º y 28º de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

La futura norma pretende, de un lado, introducir las modificaciones oportunas en la normativa autonómica que permitan simplificar y agilizar las actuaciones de la Administración Pública, al objeto de mejorar la calidad y rapidez del servicio público que se ofrece a la ciudadanía.

Y, de otro lado, la norma pretende introducir las reformas necesarias en la normativa sectorial, con la finalidad de conseguir la agilización de las actuaciones de todos los organismos y entidades del sector público regional. 

La norma responde a la necesidad de actualizar y simplificar los procedimientos administrativos, de acuerdo con la normativa nacional y europea en la materia, buscando modernizar el modelo administrativo.

Asimismo, responde al objetivo de reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos iniciados mediante la aprobación de la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación, y de la Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la Administración y otras medidas administrativas.

El objetivo de la norma es ahondar en la actualización del proceso de simplificación administrativa iniciado con la Ley 4/2021, de 25 de junio y la Ley 3/2017, de 1 de septiembre, así como mediante los planes de simplificación y reducción de cagas administrativas que vienen aprobándose en la región desde el año 2016. 

Para ello, la norma pretende regular, entre otras medidas, la revisión de los silencios administrativos sobre los que no exista regulación nacional o europea básica, modificando el sentido positivamente; la revisión y reducción, cuando sea posible, de los plazos administrativos; la ampliación de las declaraciones responsables como herramienta de agilización de los procedimientos; la simplificación de procedimientos y reducción, en la media de lo posible, de informes y dictámenes que no tengan carácter obligatorio ni vinculante en los procesos; la eliminación de trabas administrativas para el ciudadano.

La seguridad jurídica que requiere la materia hace aconsejable que las pretendidas reformas y modificaciones se adopten mediante una norma con rango de ley.