Línea 5: Título IV. Disposiciones organizativas

TÍTULO IV. DISPOSICIONES ORGANIZATIVAS 1. Resumen El Título IV regula la organización administrativa necesaria para garantizar la aplicación y el seguimiento de la ley. Para ello, crea el Observatorio Regional de las Brechas Económicas entre Mujeres y Hombres, define su composición y funciones, establece un portal de datos estadísticos, prevé la elaboración de informes periódicos de evaluación y crea un Punto de Gestión de Igualdad Económica destinado a prestar asesoramiento a administraciones, empresas, personas autónomas y mujeres emprendedoras. Su finalidad es dotar a la Administración regional de instrumentos permanentes de coordinación, análisis y evaluación de las políticas de igualdad económica.  2. Aspectos positivos El Título IV constituye uno de los elementos más sólidos del anteproyecto al incorporar una estructura estable de seguimiento y evaluación de las políticas públicas de igualdad económica. Resulta especialmente positiva la creación del Observatorio Regional como órgano especializado para recopilar información, elaborar estudios y asesorar al Gobierno regional en el diseño de medidas dirigidas a reducir las brechas económicas entre mujeres y hombres. También merece una valoración favorable la composición plural y paritaria del Observatorio, con representación de administraciones públicas, organizaciones sindicales y empresariales, universidades, asociaciones de mujeres e Inspección de Trabajo, favoreciendo una visión multidisciplinar y participativa. La creación de un portal público de datos estadísticos y la obligación de elaborar informes periódicos contribuyen a mejorar la transparencia y facilitan el conocimiento de la evolución de las desigualdades económicas. Asimismo, el Punto de Gestión de Igualdad Económica puede convertirse en un instrumento útil de apoyo técnico para empresas, administraciones y mujeres emprendedoras, favoreciendo una aplicación más homogénea de la ley. 3. Principales carencias Aunque el modelo organizativo resulta adecuado, el Observatorio se configura exclusivamente como un órgano consultivo y asesor, careciendo de competencias que le permitan impulsar de forma efectiva la aplicación de la ley. Sus funciones se limitan fundamentalmente a recopilar datos, elaborar estudios, formular propuestas y emitir recomendaciones, sin atribuirle capacidad para requerir información, realizar evaluaciones independientes, emitir informes preceptivos o efectuar recomendaciones con un seguimiento efectivo. El título tampoco regula indicadores mínimos obligatorios que permitan evaluar objetivamente la evolución de las brechas económicas ni establece criterios homogéneos para la elaboración de los informes anuales. Asimismo, no se prevé un procedimiento para que las recomendaciones formuladas por el Observatorio sean analizadas formalmente por el Gobierno regional ni la obligación de motivar su aceptación o rechazo, lo que puede reducir su influencia en la toma de decisiones. Respecto al Punto de Gestión de Igualdad Económica, la mayor parte de sus funciones quedan pendientes de desarrollo reglamentario, generando incertidumbre sobre su funcionamiento, recursos humanos y capacidad real de actuación. También se echa en falta una previsión expresa sobre la dotación presupuestaria necesaria para garantizar el funcionamiento del Observatorio y del resto de órganos creados por la ley. Finalmente, el título no incorpora mecanismos de participación ciudadana ni procedimientos que faciliten la colaboración con colegios profesionales, entidades locales, organizaciones del tercer sector u otras instituciones especializadas en igualdad. 4. Propuestas de mejora Se recomienda reforzar las competencias del Observatorio, atribuyéndole mayores funciones de evaluación, seguimiento y emisión de recomendaciones técnicas dirigidas a las distintas consejerías implicadas en la aplicación de la ley. Sería conveniente establecer un sistema homogéneo de indicadores obligatorios que permita medir periódicamente la evolución de las brechas económicas y evaluar la eficacia de las políticas públicas desarrolladas. Asimismo, debería preverse la obligación de que el Gobierno regional responda motivadamente a las recomendaciones formuladas por el Observatorio, reforzando así la transparencia y la rendición de cuentas. También se propone concretar legalmente las funciones básicas del Punto de Gestión de Igualdad Económica, evitando una remisión excesiva al futuro desarrollo reglamentario y garantizando un nivel mínimo de servicios desde la entrada en vigor de la ley. Igualmente, sería recomendable incorporar una previsión expresa sobre la dotación de recursos humanos, técnicos y presupuestarios necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de los órganos creados. Por último, se propone reforzar la participación de entidades locales, universidades, organizaciones profesionales y sociedad civil organizada en los procesos de evaluación y seguimiento de la ley, favoreciendo una gobernanza más participativa. Valoración global del Título IV El Título IV dota al anteproyecto de una estructura organizativa adecuada para impulsar el seguimiento y evaluación de las políticas de igualdad económica, constituyendo uno de los apartados más consistentes de la norma. No obstante, su eficacia podría incrementarse reforzando las competencias del Observatorio, estableciendo indicadores objetivos de evaluación, garantizando una adecuada dotación de recursos y fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas y participación institucional.

MARCO DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Desde la Asociación Mujeres Opañel queremos trasladar nuestra valoración positiva al Anteproyecto de Ley de medidas para reducir las brechas de género en el ámbito económico en Castilla-La Mancha, al considerar que constituye una oportunidad imprescindible para avanzar en la incorporación efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas económicas, laborales y sociales de la región. Las medidas organizativas constituyen el núcleo donde impacta la realidad territorial, la salud laboral y la conciliación. En Castilla-La Mancha, la dispersión geográfica, la despoblación y la penosidad derivada del itineraje por vías secundarias o de montaña afectan gravemente a las profesionales del ámbito social y de igualdad. Adaptar la organización del trabajo, garantizar la plena compensación de desplazamientos y cuidar la salud psicosocial de quienes atienden situaciones complejas es una cuestión prioritaria de justicia laboral y territorial. PROPUESTAS DE MEJORA Propuesta 5.1: Organización flexible del trabajo como norma general, con atención prioritaria al ámbito rural y zonas de despoblación

• Medida propuesta: Impulsar modelos de organización flexible del trabajo como modalidades híbridas, adaptación de jornadas, autonomía organizativa y/o herramientas digitales como norma general en el tejido productivo y la administración regional, garantizando una aplicación prioritaria, reforzada e intensiva para las profesionales que prestan servicios en municipios rurales, zonas de alta dispersión o en riesgo de despoblación.
• Por qué es necesaria: Para erradicar la desigualdad es imprescindible democratizar los tiempos. La rigidez de las jornadas penaliza desproporcionadamente a las mujeres debido a la carga asimétrica de los cuidados. Sin embargo, en el ámbito rural de Castilla-La Mancha esta medida es urgente: las profesionales de servicios públicos y sociales enfrentan a diario trayectos prolongados por carreteras secundarias, tramos de montaña o vías con meteorología adversa y vialidad compleja. Imponer la presencialidad diaria e inamovible genera un desgaste físico, psicológico y un riesgo en materia de seguridad vial evitable. Dado que el sector privado ya avanza hacia la flexibilidad para retener talento, las entidades públicas y sociales deben equipararse para evitar la constante rotación de personal y la dificultad de fijar profesionales cualificadas en nuestros pueblos.

Propuesta 5.2: Compensación de la movilidad e itinerancia profesional por vialidad compleja y despoblación

• Medida propuesta: Regular la compensación económica justa y completa de la movilidad e itinerancia profesional imprescindible en el medio rural mediante partidas presupuestarias específicas, actualización periódica del precio por kilometraje, bolsas de horas de viaje e incentivos por territorialidad en zonas de baja densidad poblacional o trazados viales complejos.
• Por qué es necesaria: Mientras la propuesta 5.1 busca reducir trayectos innecesarios optimizando el tiempo, esta propuesta protege directamente el bolsillo de la trabajadora cuando el desplazamiento presencial es ineludible. En zonas rurales con infraestructuras viales difíciles, el uso continuado del vehículo particular provoca un desgaste acelerado del automóvil, averías frecuentes y un consumo elevado de carburante. Si la indemnización está desactualizada, las profesionales terminan financiando la prestación del servicio público con su propio sueldo, sufriendo una merma económica injusta que profundiza la brecha salarial indirecta en sectores feminizados.

Propuesta 5.3: Salud laboral integral, prevención de riesgos psicosociales y del desgaste profesional

• Medida propuesta: Consagrar en el plano organizativo programas integrales de salud laboral con perspectiva de género, orientados a la prevención de riesgos psicosociales, la mitigación del síndrome del trabajador quemado, la supervisión técnica periódica y el acompañamiento emocional para el personal que presta servicios en el ámbito social, de igualdad y de atención a situaciones de vulnerabilidad o violencia.
• Por qué es necesaria: Las profesionales de atención directa afrontan habitualmente elevados niveles de sufrimiento humano, crisis complejas y violencia. Un sistema público orientado a la igualdad no puede desentenderse de la salud mental y emocional de sus propias plantillas. Implementar espacios de contención y apoyo técnico es un acto de justicia laboral que reduce la incapacidad temporal, frena la rotación y garantiza la calidad y calidez del servicio prestado a las usuarias.

CONCLUSIÓN La modernización organizativa debe situar el bienestar, la seguridad en las carreteras rurales y la salud mental de las trabajadoras en el centro de las políticas públicas.