Proceso participativo sobre el Plan de gestión de las Zonas de especial protección para las aves de ambientes esteparios en Castilla-La Mancha

La Directiva 2009/147/CE, relativa a la Conservación de Aves Silvestres (Directiva Aves), establece en su artículo 4.1 la obligación para los Estados miembros de clasificar como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) los territorios más adecuados en número y superficie para la conservación de las especies de aves contempladas en su Anexo I, especialmente en lo que se refiere a la protección de sus enclaves de reproducción, muda, invernada y descanso.

De la misma forma y paralelamente, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad junto con la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, que la modifica, establece en su artículo 46, en relación con las medidas de conservación de la Red Natura 2000, que las Comunidades Autónomas fijarán las medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas, añadiendo en su apartado segundo que igualmente las administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, en especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar en los espacios Red Natura 2000 el deterioro de los hábitats naturales y de os hábitat de las especies que hayan motivado la designación de estas áreas.

La Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, en su artículo 58, establece que las zonas sensibles, entre las que se encuentran estas ZEPA, deben contar con un plan de gestión en el que se concreten las medidas de conservación en cada caso necesarias en función de las exigencias ecológicas de los recursos naturales que hayan motivado su designación o declaración. En su apartado 3 se dispone que la aprobación de los planes de gestión corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente, y en el correspondiente procedimiento se realizarán los trámites de información pública y consulta a los intereses sociales e institucionales previsiblemente afectados.

En  cumplimiento a lo referido, urge adaptar el Plan de Gestión existente a los nuevos desafíos a los que se enfrenta la agricultura y el medio ambiente europeo y así acompasarlo a su política agraria común para el periodo 2023-2027.