Línea 4. Capítulo III. Procedimiento de acceso al servicio de capacitación y Disposiciones finales.

Acceso al servicio desde los 16 años

Artículo afectado

Observación

• la educación obligatoria finaliza ordinariamente a los 16 años;
• el acceso al empleo es legalmente posible desde dicha edad;
• el propio servicio tiene por finalidad facilitar la transición a la vida adulta y laboral.

Fundamentación jurídica

• Artículo 27 de la CDPD.
• Artículo 49 de la Constitución Española.
• Principios de inclusión laboral temprana.

Propuesta

Eliminación de criterios de exclusión basados en la intensidad de apoyos

Artículos afectados

Observación

Fundamentación jurídica

• Artículo 19 CDPD.
• Artículo 27 CDPD.
• Artículo 49 CE.
• Observación General nº 5 del Comité de la CDPD.

Propuesta

Sustitución del concepto "repertorios básicos de conducta"

Artículo afectado

Observación

Propuesta

Garantías de acceso efectivo al servicio

Artículo afectado

Observación

• plazo máximo de espera;
• garantía presupuestaria;
• medidas compensatorias;
• efectos del silencio administrativo.

Fundamentación jurídica

Propuesta

• plazo máximo de permanencia en lista de espera;
• revisión periódica de oficio;
• regulación expresa del silencio administrativo;
• mecanismos alternativos cuando la plaza no pueda ser proporcionada en plazo razonable.

Artículo afectado

Observación

• personas usuarias;
• familias;
• organizaciones representativas de la discapacidad.

Accesibilidad cognitiva y apoyo a la comprensión

Artículos afectados

Observación

Fundamentación jurídica

• Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad.
• Ley 6/2022 de accesibilidad cognitiva.
• Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Propuesta

• modelos en lectura fácil;
• apoyo individualizado a la comprensión;
• documentación accesible;
• acompañamiento durante todo el procedimiento.

Artículos afectados

Observación

• ratios mínimas;
• perfiles profesionales;
• estándares básicos de calidad;
• sistemas homogéneos de evaluación.

Consecuencia

Propuesta

• ratios mínimas de referencia;
• requisitos profesionales básicos;
• estándares mínimos de calidad exigibles.

Derechos de las personas usuarias

Artículo afectado

Observación

Propuesta

• derecho a la participación efectiva;
• derecho a la información accesible;
• derecho a formular reclamaciones;
• derecho a la revisión de decisiones;
• derecho a la elección y control de los apoyos recibidos.

1. La eliminación de los criterios de exclusión por intensidad de apoyos.
2. La ampliación de los potenciales beneficiarios del servicio.
3. La garantía efectiva de acceso y reducción de listas de espera.
4. La accesibilidad cognitiva universal del procedimiento.
5. La participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas.
6. La incorporación de estándares mínimos de calidad y ratios profesionales.
7. El reconocimiento expreso de los derechos de las personas usuarias.

• c) Si bien el hecho de mencionar al colectivo TEA y a la Inteligencia Límite supone un avance respecto al borrador inicial (que solo admitía discapacidad intelectual), la coletilla final pervierte el objetivo. Ignora la capacidad demostrada de las entidades de Plena inclusión CLM para apoyar a personas con discapacidades del desarrollo en entornos inclusivos. Además, genera desigualdad territorial al no existir servicios especializados en TEA en, por ejemplo, zonas rurales y de gran dispersión geográfica. Esta citada especialización fomenta la segregación de las personas con TEA al obligarlas a acudir a una vía separada, limitando su capacidad de elección. Una propuesta de redacción sería “Presentar trastorno del espectro autista sin discapacidad intelectual asociada o cualquier otra discapacidad del desarrollo con necesidades de apoyo asimilables. Las personas con este perfil podrán acceder a cualquier servicio de capacitación sociolaboral de la red pública, fomentando la inclusión y respetando la libre elección de recurso por parte de la persona”.
• f) Contraviene la Convención de la ONU —especialmente el Art. 19 (vida independiente) y el Art. 27 (derecho al trabajo)— y choca frontalmente con el modelo de Apoyo Centrado en la Persona, al compartimentar los recursos en "departamentos estancos". Además, actúa como una barrera crítica. Por miedo a perder una plaza segura en un Centro Ocupacional si la transición a la comunidad falla, muchas familias optarán por no arriesgarse. Proponemos la contemplación en dicho apartado f) de “Excepcionalmente, se establecerán mecanismos de compatibilidad parcial o regímenes de transición temporal documentada con Centros Ocupacionales y Centros Especiales de Empleo, orientados a garantizar la seguridad en las transiciones inclusivas, la exploración de intereses y la provisión de apoyos integrales a la vida independiente que dichos recursos no contemplen”.

«e) Cambio a otro recurso que, tras una valoración individualizada y con la participación efectiva de la persona usuaria, resulte más adecuado a sus necesidades, voluntad, preferencias y proyecto vital. Para considerar idóneo el nuevo recurso deberá existir plaza efectivamente disponible, encontrarse próximo a su entorno habitual o disponer de transporte adecuado y accesible, y garantizar la continuidad de los apoyos. La baja únicamente podrá hacerse efectiva una vez realizada la incorporación al nuevo recurso y ejecutado un plan individualizado de transición. La consideración de un perfil ocupacional o la ausencia de expectativas inmediatas de acceso al empleo no constituirán, por sí solas, causa de baja.»

«Cuando no exista en el municipio o comarca un recurso alternativo adecuado, próximo y accesible, la Administración garantizará la continuidad de los apoyos y promoverá fórmulas flexibles, comunitarias, itinerantes o de colaboración con entidades locales. La inexistencia de recursos en el territorio no podrá ocasionar la pérdida efectiva de atención.»

«Las personas que sean usuarias del servicio de capacitación sociolaboral en la fecha de entrada en vigor del decreto mantendrán la continuidad de sus apoyos. No podrá acordarse su baja exclusivamente por la aplicación automática de una clasificación de perfil o intensidad de apoyo, sin valoración individualizada, aplicación previa de ajustes razonables y existencia de una alternativa efectiva.»

• Artículo 13.2. Resolución administrativa

• Artículo 13.4. Lista de espera

• Artículo 15. Comisión de seguimiento

• Artículo 16. Causas de finalización del servicio

• Artículo 9: Art. 9.1.c): Si bien el hecho de mencionar al colectivo TEA y a la Inteligencia Límite supone un avance respecto al borrador inicial (que solo admitía discapacidad intelectual), la coletilla final pervierte el objetivo. Ignora la capacidad demostrada de las entidades de Plena inclusión CLM para apoyar a personas con discapacidades del desarrollo en entornos inclusivos. Además, genera desigualdad territorial al no existir servicios especializados en TEA en, por ejemplo, zonas rurales y de gran dispersión geográfica. Esta citada especialización fomenta la segregación de las personas con TEA al obligarlas a acudir a una vía separada, limitando su capacidad de elección.

• Se deben eliminar los requisitos de "repertorios básicos de conducta" y la exclusión por necesidad de "apoyo extenso", ya que discriminan a quienes tienen mayores necesidades de apoyo.

• Artículo 11: No puede declararse el desistimiento por documentos cuya obligatoriedad no esté previamente definida. El requerimiento debe identificar de forma concreta la carencia y ofrecer apoyos de comprensión y tramitación antes de archivar la solicitud.

• Artículo 12: Se debe garantizar la accesibilidad cognitiva en todo el proceso, incluyendo modelos de solicitud en lectura fácil y apoyos para la cumplimentación telemática.

• Artículo 13: La lista de espera será pública en sus criterios, ordenada por fecha y prioridades. La persona recibirá información periódica y podrá actualizar circunstancias, con ello se refuerzan la transparencia de estas.
• Artículo 15: Recuperar una comisión de coordinación interadministrativa (que incluya a las consejerías de Servicios Sociales, Empleo y Educación) para asegurar protocolos vinculantes de transición y seguimiento laboral, basándose en planes de acción regionales previo.
• Se propone incluir al menos a dos personas participantes del servicio (elegidas mediante procedimientos accesibles).

• Entre las funciones de la comisión se deberá incluir la vigilancia en:

• El cumplimiento de las ratios profesionales y la movilidad rural.
• Las listas de espera y las transiciones entre servicios.
• Los resultados de calidad de vida elegidos por la propia persona.

• Artículo 16: Art. 16.1.d): Los objetivos "no deben ser finalistas, son el medio para un fin", los planes de apoyo se actualizan de forma continua, solicitando que el cumplimiento de un objetivo no implicara la expulsión del servicio.

• Artículo 12: Se debe garantizar la accesibilidad cognitiva en todo el proceso, incluyendo modelos de solicitud en lectura fácil y apoyos para la cumplimentación telemática.

• Artículo 13: La lista de espera será pública en sus criterios, ordenada por fecha y prioridades. La persona recibirá información periódica y podrá actualizar circunstancias, con ello se refuerzan la transparencia de estas.

• para asegurar protocolos vinculantes de transición y seguimiento laboral, basándose en planes de acción regionales previo.

• Artículo 16: Art. 16.1.d): Los objetivos "no deben ser finalistas, son el medio para un fin", los planes de apoyo se actualizan de forma continua, solicitando que el cumplimiento de un objetivo no implicara la expulsión del servicio.

• Artículo 9: Art. 9.1.c): Si bien el hecho de mencionar al colectivo TEA y a la Inteligencia Límite supone un avance respecto al borrador inicial (que solo admitía discapacidad intelectual), la coletilla final pervierte el objetivo. Ignora la capacidad demostrada de las entidades de Plena inclusión CLM para apoyar a personas con discapacidades del desarrollo en entornos inclusivos. Además, genera desigualdad territorial al no existir servicios especializados en TEA en, por ejemplo, zonas rurales y de gran dispersión geográfica. Esta citada especialización fomenta la segregación de las personas con TEA al obligarlas a acudir a una vía separada, limitando su capacidad de elección.

• Se deben eliminar los requisitos de "repertorios básicos de conducta" y la exclusión por necesidad de "apoyo extenso", ya que discriminan a quienes tienen mayores necesidades de apoyo.

• Artículo 11: No puede declararse el desistimiento por documentos cuya obligatoriedad no esté previamente definida. El requerimiento debe identificar de forma concreta la carencia y ofrecer apoyos de comprensión y tramitación antes de archivar la solicitud.

• Artículo 12: Se debe garantizar la accesibilidad cognitiva en todo el proceso, incluyendo modelos de solicitud en lectura fácil y apoyos para la cumplimentación telemática.

• Artículo 13: La lista de espera será pública en sus criterios, ordenada por fecha y prioridades. La persona recibirá información periódica y podrá actualizar circunstancias, con ello se refuerzan la transparencia de estas.
• Artículo 15: Recuperar una comisión de coordinación interadministrativa (que incluya a las consejerías de Servicios Sociales, Empleo y Educación) para asegurar protocolos vinculantes de transición y seguimiento laboral, basándose en planes de acción regionales previo.
• Se propone incluir al menos a dos personas participantes del servicio (elegidas mediante procedimientos accesibles).

• Entre las funciones de la comisión se deberá incluir la vigilancia en:

• El cumplimiento de las ratios profesionales y la movilidad rural.
• Las listas de espera y las transiciones entre servicios.
• Los resultados de calidad de vida elegidos por la propia persona.

• Artículo 16: Art. 16.1.d): Los objetivos "no deben ser finalistas, son el medio para un fin", los planes de apoyo se actualizan de forma continua, solicitando que el cumplimiento de un objetivo no implicara la expulsión del servicio.

• Artículo 9: Art. 9.1.c): Si bien el hecho de mencionar al colectivo TEA y a la Inteligencia Límite supone un avance respecto al borrador inicial (que solo admitía discapacidad intelectual), la coletilla final pervierte el objetivo. Ignora la capacidad demostrada de las entidades de Plena inclusión CLM para apoyar a personas con discapacidades del desarrollo en entornos inclusivos. Además, genera desigualdad territorial al no existir servicios especializados en TEA en, por ejemplo, zonas rurales y de gran dispersión geográfica. Esta citada especialización fomenta la segregación de las personas con TEA al obligarlas a acudir a una vía separada, limitando su capacidad de elección.

• Artículo 12: Se debe garantizar la accesibilidad cognitiva en todo el proceso, incluyendo modelos de solicitud en lectura fácil y apoyos para la cumplimentación telemática.

• Artículo 13: La lista de espera será pública en sus criterios, ordenada por fecha y prioridades. La persona recibirá información periódica y podrá actualizar circunstancias, con ello se refuerzan la transparencia de estas.
• Artículo 15: Recuperar una comisión de coordinación interadministrativa (que incluya a las consejerías de Servicios Sociales, Empleo y Educación) para asegurar protocolos vinculantes de transición y seguimiento laboral, basándose en planes de acción regionales previo.

• Artículo 16: Art. 16.1.d): Los objetivos "no deben ser finalistas, son el medio para un fin", los planes de apoyo se actualizan de forma continua, solicitando que el cumplimiento de un objetivo no implicara la expulsión del servicio.

• Artículo 9: Art. 9.1.c): Si bien el hecho de mencionar al colectivo TEA y a la Inteligencia Límite supone un avance respecto al borrador inicial (que solo admitía discapacidad intelectual), la coletilla final pervierte el objetivo. Ignora la capacidad demostrada de las entidades de Plena inclusión CLM para apoyar a personas con discapacidades del desarrollo en entornos inclusivos. Además, genera desigualdad territorial al no existir servicios especializados en TEA en, por ejemplo, zonas rurales y de gran dispersión geográfica. Esta citada especialización fomenta la segregación de las personas con TEA al obligarlas a acudir a una vía separada, limitando su capacidad de elección.
• Propuesta de redacción: Presentar trastorno del espectro autista sin discapacidad intelectual asociada o cualquier otra discapacidad del desarrollo con necesidades de apoyo asimilables. Las personas con este perfil podrán acceder a cualquier servicio de capacitación sociolaboral de la red pública, fomentando la inclusión y respetando la libre elección de recurso por parte de la persona”. •      Art. 9.1.f): El servicio de capacitación sociolaboral no puede configurarse como un recurso aislado o excluyente. La transición hacia la vida independiente y el empleo es un proceso dinámico y no lineal. Exigir la incompatibilidad absoluta con otros recursos (como Centros Ocupacionales o Centros Especiales de Empleo) genera inseguridad en las personas y sus familias, provocando un "efecto freno" por miedo a perder la plaza o el soporte ante una eventual adaptación laboral prolongada. Para garantizar transiciones seguras y alineadas con la Convención de la ONU y con la metodología de Planificación Centrada en la Persona (PCP), el Decreto debe permitir la compatibilidad parcial y los regímenes de simultaneidad o transición, adaptados a la intensidad de apoyos que la persona requiera en cada momento de su ciclo vital. Propuesta de redacción: No ser persona usuaria de otros servicios de apoyo de carácter no residencial destinados a la misma finalidad. Excepcionalmente, y cuando así se justifique en el Plan Personal de Apoyo o en el proceso de inclusión sociolaboral, se reglamentarán regímenes de compatibilidad parcial, simultaneidad o transición temporal con Centros Ocupacionales, Centros Especiales de Empleo u otros recursos comunitarios, con el fin de acompañar la exploración de intereses, garantizar la estabilidad laboral y evitar la pérdida intempestiva de soportes en los procesos de transición.
• Se deben eliminar los requisitos de "repertorios básicos de conducta" y la exclusión por necesidad de "apoyo extenso", ya que discriminan a quienes tienen mayores necesidades de apoyo.
• Artículo 11: No puede declararse el desistimiento por documentos cuya obligatoriedad no esté previamente definida. El requerimiento debe identificar de forma concreta la carencia y ofrecer apoyos de comprensión y tramitación antes de archivar la solicitud.
• Propuesta de redacción: Artículo 11. Subsanación y apoyos administrativos. Cuando falten datos o documentos expresamente exigidos, se requerirá subsanación en diez días, identificando de forma concreta lo pendiente y su necesidad. El requerimiento se facilitará en formato accesible. No se pedirán documentos que ya obren en poder de una Administración salvo oposición o imposibilidad justificada de consulta. Antes de declarar el desistimiento, se ofrecerán los apoyos necesarios para comprender y atender el requerimiento.
• Artículo 12: Se debe garantizar la accesibilidad cognitiva en todo el proceso, incluyendo modelos de solicitud en lectura fácil y apoyos para la cumplimentación telemática.
• Añadir un nuevo punto con redacción propuesta: La propuesta de denegación deberá acreditar los ajustes considerados y explicar por qué no resultan suficientes. Siempre que sea posible incluirá alternativa y plan de transición.
• Artículo 13: La lista de espera será pública en sus criterios, ordenada por fecha y prioridades. La persona recibirá información periódica y podrá actualizar circunstancias, con ello se refuerzan la transparencia de estas.
• Artículo 15: Recuperar una comisión de coordinación interadministrativa (que incluya a las consejerías de Servicios Sociales, Empleo y Educación) para asegurar protocolos vinculantes de transición y seguimiento laboral, basándose en planes de acción regionales previo.
• Se propone incluir al menos a dos personas participantes del servicio (elegidas mediante procedimientos accesibles).
• Entre las funciones de la comisión se deberá incluir la vigilancia en:
• El cumplimiento de las ratios profesionales y la movilidad rural.
• Las listas de espera y las transiciones entre servicios.
• Los resultados de calidad de vida elegidos por la propia persona.
• Así mismo, cuando se trate la situación de una persona concreta, proponen que la persona afectada pueda participar con garantías de privacidad.
• Artículo 16: Art. 16.1.d): Los objetivos "no deben ser finalistas, son el medio para un fin", los planes de apoyo se actualizan de forma continua, solicitando que el cumplimiento de un objetivo no implicara la expulsión del servicio.
• La metodología de la PCP defiende que el apoyo es un proceso continuo. La vida de una persona es dinámica; cumplir un objetivo vital (ej. conseguir empleo) suele ser el inicio de nuevas necesidades de apoyo (ej. mantener ese empleo, independizarse). La redacción actual supone un "castigo al éxito". Si una persona consigue un empleo (cumpliendo así su objetivo), la Administración la dará de baja del servicio. Sin embargo, las personas con discapacidad intelectual necesitan apoyo en el mantenimiento del empleo a lo largo del tiempo para no fracasar en su inserción, los empleos pueden ser y son en mayor parte de temporalidad limitada. La retirada abrupta de los profesionales de apoyo generará una alta tasa de pérdida de empleo e inestabilidad vital.  Redacción propuesta: Revisión, suspensión y finalización. 1. La prestación podrá finalizar por: a) Renuncia libre e informada. b) Cumplimiento estable de objetivos, tras ofrecer una fase de seguimiento de intensidad decreciente. c) Cambio voluntario a un recurso más adecuado, siempre que exista disponibilidad efectiva, consentimiento y plan de transición sin interrupción. d) Fallecimiento o traslado fuera de Castilla-La Mancha. 2. La ausencia o baja participación no será causa automática. Antes de proponer la finalización deberán revisarse el plan, apoyos, accesibilidad, horarios, transporte, profesional de referencia y alternativas, pudiendo acordarse suspensión temporal. * No obstante, las ausencias reiteradas e injustificadas una vez ofrecidos los apoyos y requerimientos oportunos, podrán dar lugar a la propuesta de finalización de la prestación con audiencia de la persona interesada.   3. El aumento de necesidades, o necesidad de apoyo extenso o generalizado activarán una revisión y refuerzo o coordinación, no una baja automática. 4. Solo cuando exista imposibilidad objetiva y acreditada de prestar el servicio con ajustes razonables podrá proponerse otro recurso, garantizando continuidad. 5. Toda finalización no voluntaria exigirá propuesta motivada, audiencia accesible, participación directa de la persona, informe sobre ajustes intentados y resolución recurrible. 6. La persona podrá solicitar revisión o reactivación de apoyos ante cambio de circunstancias, pérdida de empleo o crisis.   La falta de transporte público no puede ser causa de denegación o baja. Se propone la creación de módulos rurales itinerantes que preste servicios a zonas limítrofes con la consiguiente financiación de este. 7. Disposiciones Adicionales y Transitorias Se propone incorporar las siguientes disposiciones: DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA: Desarrollo de ratios, intensidades y cartera. En el plazo máximo de seis meses se aprobará la guía técnica vinculante que concrete ratios por intensidad, tiempos de atención y coordinación, perfiles profesionales, indicadores, cartera mínima y estándares de calidad. DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA: Coordinación interadministrativa. Establecer el plazo máximo las consejerías competentes aprobarán protocolos de transición educativa, empleo con apoyo, empleo público, salud mental, transporte y atención en zonas rurales.   DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Las personas que sean usuarias del servicio de capacitación sociolaboral en la fecha de entrada en vigor del decreto mantendrán la continuidad de sus apoyos. No podrá acordarse su baja exclusivamente por la aplicación automática de una clasificación de perfil o intensidad de apoyo, sin valoración individualizada, aplicación previa de ajustes razonables y existencia de una alternativa efectiva  

• Existe un problema real en relación a los certificados de discapacidad y su correlación con los diagnósticos. La terminología que se usa en muchos casos es confusa y no responde a los requisitos que se solicitan. Aunque las personas presenten retraso mental /discapacidad intelectual, en muchos informes aparecen denominaciones como “retraso en el desarrollo psicomotor”, “trastorno del desarrollo”, “trastorno sin especificar”, …. que sustituyen la definición de discapacidad intelectual.

• Una persona que trabaja en una empresa de servicios ordinaria y, por circunstancias, dicha empresa pierde la licitación. Puede ocurrir que la nueva empresa tenga la condición de Centro Especial de Empleo. En ese caso tiene lugar - reproduciendo el tenor literal de alguno de los Convenios colectivos en vigor -, “una subrogación de contrata”, con la consiguiente subrogación del personal. Se da, además, la particularidad de que dichos Convenios Colectivos mencionan con carácter general cláusulas en dicho sentido, por ejemplo: “Cuando se produzca el cambio de titularidad de la empresa todos los trabajadores/as dispondrán de una carta individual en la que se reconozcan todos sus derechos adquiridos tales como antigüedad y otros.”

• ¿Una persona que está en un Centro Especial de Empleo no puede querer mejorar? ¿No tienen derecho a los apoyos necesarios en el ámbito de la formación o la vida independiente? Como hemos apuntado anteriormente, tanto los artículos 19 y 24 de la Convención como el propio artículo 13 de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad avalan totalmente dichas legítimas aspiraciones de las personas con discapacidad.

1. “La persona titular de la delegación provincial competente podrá dictar resolución de baja en el servicio de capacitación sociolaboral de la persona usuaria cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• Creemos necesario que la futura normativa delimite con claridad el concepto de entidad gestora habilitada para su prestación. En este sentido, entendemos que la gestión de estos servicios debe corresponder a entidades del tercer sector social de la discapacidad con implantación en Castilla-La Mancha, por su experiencia acumulada, su conocimiento directo de las personas y familias, su vinculación con el territorio y su trayectoria en la prestación de apoyos especializados desde un enfoque de derechos, inclusión y atención centrada en la persona.
• En cuanto a los estándares de calidad, se deberían tener en consideración las certificaciones de calidad oficiales como la ISO 9001 u otros sistemas reconocidos, como elemento acreditativo de la solvencia organizativa de las entidades gestoras.
• No se hace mención a las personas que actualmente son usuarias de los servicios de capacitación. Entendemos que deben mantener la continuidad de sus apoyos, aunque no cumplan exactamente los nuevos requisitos, especialmente cuando la discrepancia derive de la terminología utilizada en sus certificados de discapacidad. No debería acordarse su baja por la aplicación automática de una clasificación de perfil o intensidad de apoyo sin valoración individualizada, aplicación previa de ajustes razonables y existencia de una alternativa efectiva.
• Consideramos que la regulación propuesta resulta insuficiente en relación con la determinación del coste plaza de los Servicios de Capacitación Sociolaboral para Personas con Discapacidad. Se trata de un aspecto esencial que no puede quedar formulado de manera imprecisa, ya que de su adecuada concreción dependerá tanto la sostenibilidad de los servicios como la igualdad de acceso de las personas usuarias, con independencia de la entidad que preste el apoyo o del territorio en el que se encuentren. Conocer y regular de forma clara el coste plaza es, por tanto, una garantía de equidad. Permite asegurar que todos los Servicios de Capacitación Sociolaboral puedan funcionar bajo condiciones homogéneas de calidad, estabilidad y suficiencia financiera. Asimismo, ofrece seguridad jurídica y económica a las entidades gestoras, que necesitan un marco claro para planificar equipos, apoyos, actividades, itinerarios individualizados y procesos de inserción sociolaboral.
• La futura normativa debería prever el desarrollo de ratios, intensidades, perfiles profesionales, tiempos de atención y coordinación, indicadores y estándares de calidad, de modo que la financiación y el coste plaza se correspondan con una cartera mínima exigible y con las necesidades reales de apoyo.
• La equidad territorial exige contemplar soluciones específicas para las zonas rurales y de gran dispersión geográfica. La falta de transporte público no debería convertirse en una causa de denegación o baja, por lo que deben preverse apoyos de movilidad, fórmulas itinerantes o mecanismos de coordinación territorial dotados de financiación suficiente.

• Existe un problema real en relación a los certificados de discapacidad y su correlación con los diagnósticos. La terminología que se usa en muchos casos es confusa y no responde a los requisitos que se solicitan. Aunque las personas presenten retraso mental /discapacidad intelectual, en muchos informes aparecen denominaciones como “retraso en el desarrollo psicomotor”, “trastorno del desarrollo”, “trastorno sin especificar”, …. que sustituyen la definición de discapacidad intelectual.

• Una persona que trabaja en una empresa de servicios ordinaria y, por circunstancias, dicha empresa pierde la licitación. Puede ocurrir que la nueva empresa tenga la condición de Centro Especial de Empleo. En ese caso tiene lugar - reproduciendo el tenor literal de alguno de los Convenios colectivos en vigor -, “una subrogación de contrata”, con la consiguiente subrogación del personal. Se da, además, la particularidad de que dichos Convenios Colectivos mencionan con carácter general cláusulas en dicho sentido, por ejemplo: “Cuando se produzca el cambio de titularidad de la empresa todos los trabajadores/as dispondrán de una carta individual en la que se reconozcan todos sus derechos adquiridos tales como antigüedad y otros.”

• ¿Una persona que está en un Centro Especial de Empleo no puede querer mejorar? ¿No tienen derecho a los apoyos necesarios en el ámbito de la formación o la vida independiente? Como hemos apuntado anteriormente, tanto los artículos 19 y 24 de la Convención como el propio artículo 13 de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad avalan totalmente dichas legítimas aspiraciones de las personas con discapacidad.

1. “La persona titular de la delegación provincial competente podrá dictar resolución de baja en el servicio de capacitación sociolaboral de la persona usuaria cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• Creemos necesario que la futura normativa delimite con claridad el concepto de entidad gestora habilitada para su prestación. En este sentido, entendemos que la gestión de estos servicios debe corresponder a entidades del tercer sector social de la discapacidad con implantación en Castilla-La Mancha, por su experiencia acumulada, su conocimiento directo de las personas y familias, su vinculación con el territorio y su trayectoria en la prestación de apoyos especializados desde un enfoque de derechos, inclusión y atención centrada en la persona.
• En cuanto a los estándares de calidad, se deberían tener en consideración las certificaciones de calidad oficiales como la ISO 9001 u otros sistemas reconocidos, como elemento acreditativo de la solvencia organizativa de las entidades gestoras.
• No se hace mención a las personas que actualmente son usuarias de los servicios de capacitación. Entendemos que deben mantener la continuidad de sus apoyos, aunque no cumplan exactamente los nuevos requisitos, especialmente cuando la discrepancia derive de la terminología utilizada en sus certificados de discapacidad. No debería acordarse su baja por la aplicación automática de una clasificación de perfil o intensidad de apoyo sin valoración individualizada, aplicación previa de ajustes razonables y existencia de una alternativa efectiva.
  • Consideramos que la regulación propuesta resulta insuficiente en relación con la determinación del coste plaza de los Servicios de Capacitación Sociolaboral para Personas con Discapacidad. Se trata de un aspecto esencial que no puede quedar formulado de manera imprecisa, ya que de su adecuada concreción dependerá tanto la sostenibilidad de los servicios como la igualdad de acceso de las personas usuarias, con independencia de la entidad que preste el apoyo o del territorio en el que se encuentren. Conocer y regular de forma clara el coste plaza es, por tanto, una garantía de equidad. Permite asegurar que todos los Servicios de Capacitación Sociolaboral puedan funcionar bajo condiciones homogéneas de calidad, estabilidad y suficiencia financiera. Asimismo, ofrece seguridad jurídica y económica a las entidades gestoras, que necesitan un marco claro para planificar equipos, apoyos, actividades, itinerarios individualizados y procesos de inserción sociolaboral.
  • La futura normativa debería prever el desarrollo de ratios, intensidades, perfiles profesionales, tiempos de atención y coordinación, indicadores y estándares de calidad, de modo que la financiación y el coste plaza se correspondan con una cartera mínima exigible y con las necesidades reales de apoyo.
  • La equidad territorial exige contemplar soluciones específicas para las zonas rurales y de gran dispersión geográfica. La falta de transporte público no debería convertirse en una causa de denegación o baja, por lo que deben preverse apoyos de movilidad, fórmulas itinerantes o mecanismos de coordinación territorial dotados de financiación suficiente.

• e) Cambio a recurso más idóneo a las necesidades de la persona usuaria. Cuando el cambio se produzca hacia o desde un centro ocupacional, se aplicará el régimen de reserva de plaza previsto en el artículo 9.1.f).1.º, sin tramitarse baja definitiva durante el plazo de reserva.
• f) Comprobación de que la persona usuaria necesita un contexto de apoyo estructurado incompatible con la prestación del servicio en el entorno comunitario.

• Primero, la decisión deberá estar siempre basada en evidencias objetivas, suficientemente documentadas y técnicamente justificadas.
• Segundo, deberán haberse agotado previamente las medidas de apoyo, adaptación, mediación y revisión metodológica que razonablemente puedan implementarse.
• Tercero, la persona participante deberá intervenir activamente en el proceso de valoración y toma de decisiones, garantizando su derecho de información, audiencia y participación efectiva.
• Cuarto, ninguna causa de finalización podrá fundamentarse exclusivamente en la intensidad de las necesidades de apoyo, en la complejidad de la situación personal o en la existencia de dificultades adaptativas de la persona participante.

• Definir con precisión la identidad, naturaleza y finalidad de los Servicios de Capacitación.
• Establecer unos principios y estándares metodológicos comunes que garanticen la coherencia del modelo.
• Determinar criterios homogéneos de organización y funcionamiento interno.
• Configurar un sistema de acreditación de los Servicios de Capacitación basado en estándares verificables de calidad, especialización y capacidad de respuesta.
• Incorporar sistemas de evaluación sustentados en evidencias e indicadores objetivos de resultados e impacto.
• Garantizar la flexibilidad, individualización y personalización de los apoyos.
• Reconocer expresamente el carácter comunitario, inclusivo y transformador de los Servicios de Capacitación.
• Garantizar la existencia de equipos profesionales suficientemente cualificados, tanto desde el punto de vista técnico como competencial, relacional y ético.
• Incorporar mecanismos permanentes de innovación, aprendizaje organizacional, transferencia de conocimiento y mejora continua.
• Garantizar condiciones adecuadas de sostenibilidad económica y viabilidad de los servicios que permitan desarrollar con calidad las funciones que el propio Decreto les atribuya.
• Establecer sistemas de información y seguimiento que permitan conocer de manera objetiva la evolución de las personas y los resultados alcanzados.

1. Reconocimiento del origen y evolución del modelo: Incorporar en la Exposición de Motivos una referencia expresa al proceso histórico de innovación social que precede a la regulación normativa de los Servicios de Capacitación en Castilla-La Mancha y a la contribución fundacional de CECAP en dicho proceso.

2. Definición material del Servicio de Capacitación: Establecer con claridad la naturaleza, finalidad, principios, elementos diferenciales y funciones propias de los Servicios de Capacitación, evitando que su regulación quede limitada a una definición administrativa del recurso.

3. Configuración de una Red Autonómica de Servicios de Capacitación acreditados: Establecer un sistema de acreditación que garantice que los servicios integrados en el Sistema Público reúnen unas condiciones comunes y verificables de calidad, especialización y capacidad de respuesta.

4. Establecimiento de estándares comunes de calidad: Incorporar criterios de acreditación relacionados, entre otras dimensiones, con la metodología de intervención, la organización y funcionamiento interno, los profesionales, la evaluación de resultados, la participación de las personas, la innovación y la sostenibilidad económica y presupuestaria.

5. Evaluación basada en resultados e impacto: Establecer sistemas de evaluación que permitan conocer objetivamente los resultados alcanzados y el impacto de los apoyos en el desarrollo personal, la autonomía, la participación, la inclusión y la consecución de los objetivos personales definidos con cada persona.

6. Reconocimiento de la experiencia y del conocimiento especializado: Incorporar mecanismos estables de participación de las entidades con trayectoria acreditada, experiencia especializada y capacidad demostrada de innovación y generación de conocimiento en los procesos de desarrollo, actualización y evaluación de los estándares del modelo.

7. Garantía de los derechos preexistentes: Incorporar una previsión expresa que garantice el respeto a los derechos de propiedad industrial e intelectual previamente adquiridos por sus legítimos titulares y que determine, cuando resulte necesario, el régimen jurídico aplicable a la utilización administrativa de denominaciones, signos distintivos, metodologías, herramientas o materiales protegidos.

8. Participación, innovación y mejora continua: Establecer mecanismos permanentes de participación, transferencia de conocimiento, evaluación, innovación y mejora continua que permitan que el modelo evolucione de acuerdo con las necesidades de las personas y con la evidencia y el conocimiento generado por la propia Red.